Corte citará a conciliar a Nación y a Córdoba por deuda previsional

De la Sota reclama pago de $ 1.040 millones para Caja de Jubilaciones; audiencia será en septiembre

La pelea por los fondos previsionales ya tuvo como escenario el máximo tribunal en 2009. En esa oportunidad fueron citados Juan Schiaretti y Amado Boudou, por entonces gobernador de Córdoba y ministro de Economía nacional, respectivamente.

La Corte Suprema de Justicia nacional se declaró competente en la causa elevada por la provincia de Córdoba en pos de cobrarle a Nación una deuda de $ 1.040 millones en remesas para la Caja de Jubilaciones local.

En esa línea, convocará a representantes de la Casa Rosada y del Ejecutivo mediterráneo -que conduce el peronista crítico José Manuel de la Sota- a una audiencia de conciliación, que se concretará en septiembre.

El alto tribunal aceptó una medida cautelar presentada por el mandatario, un presidenciable 2015 que recrudeció en las últimas semanas sus planteos de fondos a Nación y profundizó así las tensiones políticas que lo distancian de Cristina de Kirchner.

La resolución se da luego de que uno de sus integrantes, Eugenio Zaffaroni, considerara en declaraciones públicas que otro de los reclamos de provincias -la puja por la coparticipación- es un «conflicto de raíz política» que «habría que discutirlos en una mesa de negociación».

Con la decisión de ayer de la Corte -aunque hasta anoche De la Sota no había sido notificado-, ambas partes volverán a verse las caras con el máximo tribunal como anfitrión, ya que en 2009 fueron citados -para dirimir una pelea de fondos del mismo tenor previsional, por $ 1.220 millones- Juan Schiaretti y Amado Boudou, por entonces gobernador de Córdoba y ministro de Economía nacional, respectivamente.

De ese entuerto surgió la firma de un convenio entre las partes para el pago en dos años de fondos adeudados, cuyo imcumplimiento precisamente hoy denuncia De la Sota, en lo que respecta al tramo 2011.

La provincia exige el pago de $ 1.040 millones en mora -dice- en materia de transferencias nacionales para financiar el rojo de la Caja de Jubilaciones cordobesa. El planteo remite sólo al período 2011, aunque el monto se incrementa si se tiene en cuenta que el distrito no logró sellar aún el convenio de asistencia de rigor en lo que respecta a este año.

Pero desde Nación argumentan que Córdoba no cumplió con los criterios de armonización entre ambas administraciones, necesarios para habilitar las remesas de recursos.

De hecho, desde el Ejecutivo cordobés hicieron pública ayer una carta enviada por la ANSES al Jefe de Gabinete local, Oscar González, en la cual se afirma que la transferencia de fondos no se concreta porque «los haberes básicos medios que paga el sistema provincial exceden largamente los valores del orden nacional y los de aquellos sistemas que han sido transferidos a la jurisdicción nacional».

En los últimos días, De la Sota ratificó sin embargo que continuará pagando el 82 por ciento móvil a los jubilados locales.

En paralelo el cacique cordobés se amparó en esa pelea por los recursos previsionales para dar una segunda batalla.

En esa línea, logró que la Legislatura dé de baja por ley la adhesión provincial al Pacto Fiscal que en 1992 posibilitó el inicio del recorte del 15% en las remesas de coparticipación al interior, para financiar el sistema previsional nacional. Esa norma mediterránea se convirtió en el paso previo para un nuevo desembarco en la Corte nacional previa intimación administrativa a la Casa Rosada. Esa senda ya es incursionada -aún sin fallo- por la provincia de Santa Fe.