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Corte define si acepta el “per saltum”
La decisión del oficialismo, de presentar los planteos contra la resolución de la Cámara a primera hora del viernes pasado, les dio tiempo a los secretarios letrados de la Corte como para tener una recomendación el viernes a la tarde: una vez más, hubo objeciones a la estrategia judicial del AFSCA (mayormente de índole técnico) y la casi unánime conclusión de que los recursos deben desestimarse.
No se trata de una opinión menor. Los secretarios de los ministros (que en el escalafón judicial tienen rango y sueldo como si fueran jueces federales de primera instancia) están habituados a las fuentes del derecho propias de la Corte, especialmente la doctrina. El viernes volvieron a entender, al igual que hace un mes, que el «per saltum» del oficialismo no está bien argumentado. Es una respuesta a la pregunta sobre si por dos artículos (los de desinversión) de una norma que está vigente se amerita el estado de excepcionalidad. En este punto tuvieron un rol determinante los integrantes del equipo de Carmen Argibay.
Hay otro escenario posible: que la Corte le solicite a la Cámara el expediente para analizarlo. Esto demoraría el pronunciamiento inmediato sobre la admisibilidad del recurso y le daría más tiempo al juez subrogante Horacio Alfonso para que éste emita una sentencia sobre la cuestión de fondo relacionada con la constitucionalidad de los artículos 161 que regulan la desinversión.
Ésta y otras cuestiones se conversaron en un cónclave discreto que tuvo lugar el viernes y contó con la presencia de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda.
En tanto, los tiempos de Alfonso se acortan. Si bien quince días atrás el juez había comentado que esperaba resolver después de diciembre, el pasado viernes el fiscal de la causa adelantó que espera emitir su dictamen, en lo posible, para mañana. Un paso ineludible antes de dictar el auto de sentencia.
Un dato: llama la atención que la Corte no realizó, como había acordado, una defensa pública de Alfonso luego de que éste dijera en el cuarto piso de la calle Talcahuano sentirse intimidado por extrañas situaciones que afectaban su vida personal. Comentarios inquietantes que en la Cámara (los superiores del juez) fueron recibidos con escepticismo, especialmente por el tiempo que éste demoró en comunicarlos. Esa percepción también se ha instalado en algunos despachos del máximo tribunal.
El fiscal Uriarte entenderá la causa a favor del Gobierno, pero con un condimento especial: hará referencia al fallo de la Corte sobre la ley de medios y entenderá que se trata de una puja que no afecta la libertad de expresión (la antítesis del fallo De las Carreras-Najurieta).
Esta última camarista recibirá una embestida del kirchnerismo en la Magistratura esta semana. Será un expediente por supuesto acoso laboral que sufrió un empleado mientras el exjuez Edmundo Carbone era su superior. El oficialismo le imputará a Najurieta haber firmado la cesantía del empleado. Esto se definió el sábado por la tarde en el despacho de Hernán Ordiales, representante del Poder Ejecutivo en el cuerpo colegiado. Paradoja: cuando el Gobierno apuntó inicialmente contra la Cámara Civil, Najurieta había sido la única que no terminó recusada.
Si bien la cuestión debería discutirse el jueves, el oficialismo espera notificar de la denuncia a Najurieta, en lo posible, hoy mismo. Los representantes de la oposición en el Consejo plantearán críticas, ya que, según el artículo 11 del cuerpo colegiado, las notificaciones de denuncias contra jueces deben aprobarse primero en la comisión correspondiente.


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