Corte endurece puja por recursos con el Gobierno

• Le vuelven a demorar uso de fondos para actualizar salarios de todo el Poder Judicial

Ricardo Lorenzetti

Las negociaciones presupuestarias se ubican esta semana como un nuevo indicador de la relación entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia: por un lado el máximo tribunal todavía no cuenta con el guiño de Balcarce 50 para otorgar el segundo incremento salarial del año a los empleados judiciales y en paralelo, puntualmente mañana, el Consejo de la Magistratura debe aprobar el presupuesto 2014 que viene con demora producto de la parálisis que el kirchnerismo ha implementado en el cuerpo colegiado.

En realidad los fondos que requiere la Corte para otorgar el segundo aumento del 10% son propios, pero como se trata de un redireccionamiento, se precisa de la firma de Juan Manuel Abal Medina para evitar incurrir en una potencial malversación de caudales.

Ayer por la mañana, en el acuerdo de ministros, hubo quien recordó lo ocurrido en 2009, cuando la firma de Sergio Massa, entonces jefe de gabinete, se dilató como consecuencia de un cruce de declaraciones entre Cristina de Kirchner, quien pedía más celeridad en los juicios por crímenes de lesa humanidad y la jueza Carmen Argibay, quien sostenía que para apurar los tiempos primero se necesitaba nombrar funcionarios para hacerse cargo del trabajo en los juzgados.

En esa ocasión la Corte requería la autorización para sumar 900 empleados. Luego de los chispazos, una reunión con Massa concretó la reconciliación y la cifra quedo en 750 nuevos funcionarios. El tribunal logró una partida de 36 millones de pesos y una foto diplomática con el entonces jefe de los ministros.

Un detalle: si la demora se extendiera en el tiempo, el tribunal tiene la posibilidad de recurrir a sus poderes implícitos previstos en el reglamento y que lo facultan para recurrir a sus fondos propios.

La temperatura de la relación entre el Gobierno y la Corte es glaciar y el teléfono rojo que unía Olivos con el cuarto piso de la calle Talcahuano no ha vuelto a sonar desde las negociaciones legislativas de los proyectos de reforma judicial, cuando Ricardo Lorenzetti había logrado retener las facultades administrativas del máximo tribunal.

Luego llegaron los fallos contra la reforma, las alusiones a Carlos Fayt desde los atriles presidenciales, los cruces de Lorenzetti con Ricardo Echegaray y una serie de resoluciones que terminaron de configurar un cuadro más complejo que el del otoño de 2009.

Mañana un grupo de 60 jueces de cámara de tribunales orales federales desarrollarán una cumbre en la provincia de Neuquén. El ministro de Justicia Julio Alak estará en la inauguración, Argibay será la oradora estrella y Lorenzetti tendrá una presencia fugaz recién el viernes a la mañana. Nadie desea fotos incómodas.

En realidad la idea de Lorenzetti era no asistir para no disparar especulaciones en una cumbre organizada por la Asociación de Magistrados, crítica del kirchnerismo, pero cambio de parecer luego de una gestión de los jueces de Comodoro Py que organizan el cónclave patagónico.

En tanto, también la Corte está atenta a lo que suceda mañana en el Consejo de la Magistratura, cuando se debería aprobar el presupuesto del próximo año antes de enviarlo al tribunal para el guiño final. Tramite demorado ante un Consejo que casi no registró actividad durante 2013.

El proyecto elaborado por el administrador Germán Krieguer es, para funcionarios de la Corte, mejor que el de años anteriores. Krieguer es cuestionado desde el oficialismo en el Consejo y allí tienen aspiraciones de nombrar un administrador por encima de su cargo. Revanchas mínimas, que en realidad son efectos colaterales por el naufragio de la reforma judicial.

Consciente de esto, la Corte busca blindarlo y ya ha enviado emisarios a conversar con los consejeros opositores. La interlocutora para dicha tarea es Claudia Levin, secretaria académica de la Escuela Judicial y quien ha sabido departir en múltiples tertulias jurídicas con Lorenzetti, el camarista en lo Contencioso Administrativo Sergio Fernández y el exprocurador del Tesoro Osvaldo Guglielmino.

No se trata de gestiones sencillas ya que algunos opositores han mantenido fuertes cruces con Krieguer.