Corte ordena a provincia devolver áreas petroleras

Jorge Sapag

La Corte Suprema dictó ayer dos medidas cautelares a favor de las empresas Petrobras y Tecpetrol ordenando al Gobierno de Neuquén que suspenda los decretos por los cuales dictó la caducidad de la concesión del área Veta Escondida en el caso de la petrolera de capitales brasileños y de Fortín de Piedras para la empresa perteneciente al holding Techint.

La medida implica que la Corte seguirá abocada a la solución del tema de fondo sobre la validez legal de los decretos 562 y 563, pero mientras tanto las empresas continuarán a cargo de las áreas. El Tribunal también decidió requerir al Gobierno de Jorge Sapag que presente en un plazo de 30 días el «informe circunstanciado» sobre los antecedentes y causas de los decretos, según lo prevé la ley de amparo.

La caducidad de estas concesiones, al igual que una tercera dictada por Neuquén para un área de una empresa canadiense, se produjo en marzo, cuando desde el Gobierno nacional se alentó a las provincias a quitar concesiones a YPF por merma en la producción y reservas. En apariencia, Sapag temió ser acusado por discriminación si sólo rescindía áreas a YPF, y por eso también la emprendió contra otras tres petroleras. Petrobras cuestionó públicamente la medida y hasta la presidenta de la empresa en Brasil, Graça Foster, criticó la decisión neuquina.

La medida cautelar fue dictada por la Corte porque ésta admitió su competencia originaria en los amparos de Petrobras y Tecpetrol, aun con el dictamen opuesto del procurador general de la Nación. La Corte fundamentó su competencia en que «la actora dirige su pretensión contra una provincia y la materia del juicio tiene predominante contenido federal», en tanto requiere precisar el régimen establecido por la Ley 17.319 de hidrocarburos, en particular las normas relativas a la intimación previa, el cumplimiento del debido proceso y la fundamentación de las resoluciones administrativas.

Sin entrar en la cuestión de fondo, al dictar las cautelares la Corte consideró los argumentos de las demandantes en cuanto a que los decretos se refieren a incumplimientos sin indicar concretamente cuáles son.