Corte: pierde Cavallo (y una reflexión buitre)

Eugenio Zaffaroni

La Corte Suprema de Justicia rechazó ayer planteos esgrimidos por Carlos Menem y Domingo Cavallo en causas en las que se encuentran procesados por supuestas irregularidades en la venta de predios del Estado.

En el caso del expresidente se trata de un mercado ferial ubicado en Retiro y en el de Cavallo, del predio La Rural.

Este último caso encendió los ánimos a fines de 2012, cuando Juan Manuel Abal Medina anunció que el Gobierno había expropiado el predio por considerar que éste se había vendido a un grupo privado a "precio vil".

Esta idea se originó en el juzgado federal de Sergio Torres, donde tramitaba el expediente luego de un paso fugaz por la Justicia ordinaria (el ahora fiscal suspendido José María Campagnoli fue uno de los primeros en intervenir).

Torres le solicitó al cuerpo de peritos de la Corte que efectuaran una tasación para entender a qué precio debería haberse vendido el predio. La repuesta fue desconcertante, ya que los peritos dijeron haber utilizado el criterio de la "rentabilidad futura" que llevaba la cifra a los 131 millones de dólares. El predio se vendió en 1991 a 31 millones. Según esta óptica, ya en ese año el entonces ministro debería haber calculado que el precio se elevaría hasta el monto calculado.

El fallo de la Corte llevó las firmas de Ricardo Lorenzetti, Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt.

Cavallo había recurrido al máximo tribunal por el tiempo que lleva abierto el expediente.

El cierre del acuerdo de ayer dio lugar a diversas interpretaciones cortesanas sobre la derrota en la Corte estadounidense en el juicio contra los holdouts.

Para los ministros, sin excepciones, el revés en Washington era previsible. En los últimos meses algunos magistrados estadounidenses realizaron visitas protocolares a la Corte.

Anoche llamaba la atención en ciertos despachos de la Corte la conferencia en la cual Axel Kicillof anunciaba que instruiría a los abogados argentinos para que realizaran una gestión ante el juez Thomas Griesa.

En Estados Unidos, recordaban ayer en el cuarto piso, para formular un recurso de aclaratoria se debe recurrir con dudas puntuales respecto de la sentencia y aunque estos letrados pidieran un recurso de reconsideración ante el juez, éste no tiene efectos suspensivos sobre la sentencia.

No todo fue negativo: en la vocalía de Fayt recordaron que la Ley de Obligaciones Negociables tiene un artículo en donde se establece que cuando los fondos provienen del país, los beneficiarios que cobren la sentencia podrían estar sometidos al pago del Impuesto a las Ganancias. Una inspiración para los letrados que atienden en el Ministerio de Economía.

Por otra parte, para fines de este mes se espera el retorno de Eugenio Zaffaroni. El ministro ya ha dado algunas pistas de lo que serán sus últimos meses en el máximo tribunal. En principio, podría mantenerse al margen de redactar su voto en cuestiones penales.

Entiende que ya ha dicho lo que tenía que decir sobre los grandes temas de esa rama del Derecho que recientemente se trataron en la Corte: la reincidencia y el criterio de la prescripción. Basta con leer la misiva que le dirigió recientemente al papa Bergoglio. El mensaje no sólo era para el Vaticano, sino también para el resto de los justices.