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Corte rechazó amparo de San Luis por reservas
Ricardo Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni
El fallo del máximo tribunal no se pronunció sobre la validez del DNU objetado, sino que se limitó a desestimar la legitimación de San Luis para presentar esta demanda. Si bien las provincias tienen competencia originaria para acudir a la Corte de manera directa, el tribunal rebatió los dos argumentos básicos de los demandantes para que se avanzara con el caso.
En primer lugar, San Luis fundamentó su derecho de acudir al máximo tribunal de manera directa en defensa de los derechos de sus ciudadanos, supuestamente afectados de manera directa por el DNU que creó el Fondo del Bicentenario. Es decir, una acción basada en intereses difusos o individuales homogéneos. En este punto, la Corte argumentó que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Constitución nacional, las provincias no están legitimadas para presentarse ante la Corte en nombre de sus habitantes. El texto constitucional precisa que sólo el defensor del pueblo, las ONG y los directamente damnificados pueden hacerlo.
El tribunal se basó en un precedente claro sobre este aspecto: el caso Verani, de 2002, en el que el gobernador de Río Negro presentó un amparo ante la Corte en representación de sus habitantes cuestionando las reglas del «corralito», y que fue rechazado en su momento. Desde la Corte también resaltaron que cambiar la jurisprudencia en este sentido podría afectar seriamente las libertades individuales de los ciudadanos en el largo plazo, ya que un cambio de postura permitiría que las provincias se presentaran en nombre de sus ciudadanos para hacer cualquier tipo de demanda.
A esto se suma el hecho de que, según establece la Constitución, los habitantes de las provincias están efectivamente representados por sus diputados en el Congreso de la Nación. Por otro lado, en su fallo el tribunal destaca que «varias de las razones en las que intenta sustentar su demanda (San Luis), antes que demostrar los perjuicios concretos que se le acarrearían a la provincia, pretenden proteger una supuesta afectación de los intereses de aquéllos, circunstancia que descarta la posibilidad de que se trate de un interés directo de la actora que la transforme en parte sustancial».
El segundo argumento que defendió San Luis para presentar la acción de amparo fue su propio derecho. La provincia sostuvo que el Ejecutivo «se atribuyó poderes legislativos delegados por las provincias sólo al Congreso», lo que perjudicaría directamente a San Luis, debido a que el DNU debilitaría la situación financiera de la provincia al debilitar la moneda.
Respecto de este segundo punto, la Corte consideró que el DNU por el momento no implicaba un perjuicio actual y directo para San Luis, sino que el planteo era de carácter general y las consecuencias de la medida sólo se podían observar a mediano plazo. Desde el tribunal destacaron en este sentido que las reservas son federales y que las provincias habían delegado en el Gobierno nacional el ejercicio de las facultades para administrarlas. Agregaron que el debate sobre el uso de las reservas es de carácter económico-político (y que incluso hay provincias que habían asegurado que el DNU las beneficiaría) y que el lugar para esa discusión es el Congreso.
Esta posición había sido adelantada por el ministro Eugenio Zaffaroni en enero pasado, en medio de la guerra judicial que se desató entre el oficialismo y la oposición en torno al cuestionado DNU. Con las firmas del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti; su vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco, y los ministros Enrique Petracchi, Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda, el fallo de la Corte llega para poner paños fríos a los duros cruces que protagonizó el Gobierno con la Justicia en las últimas semanas. Hoy nadie del kirchnerismo va a hablar de un «partido judicial», al menos en lo que a la Corte respecta.
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