Costa: “No hay demoras en autorizar importación”

• PARA SECRETARIO DE COMERCIO, TAMPOCO HAY FALTANTES.• CRÍTICA AL G-6 POR RECUSAR UN JUEZ POR LEY DE ABASTECIMIENTO.

Augusto Costa

 "Se está tratando de tirar un número catastrófico, y los personajes que lo están tirando tienen menos información que nadie" (en referencia a las denuncias que efectúa Miguel Ponce, de la Cámara de Importadores, en cuanto a que existen pagos pendientes por 5.000 millones de dólares en concepto de importaciones). Para el secretario de Comercio, Augusto Costa, no existen demoras en las autorizaciones de compras externas ni semejante diferencia entre las importaciones realizadas y las divisas giradas. "No sé de dónde sacan los datos, es poco serio", dijo a Ámbito Financiero. Las afirmaciones del funcionario se contradicen con las evaluaciones que realizan medios privados en cuanto a que las dificultades para hacerse de insumos y otros bienes importados dificultan la producción. Existen problemas en la reposición de repuestos tanto de automotrices como de línea de blanca, por citar un ejemplo. El funcionario afirmó que "retrasos con las DJAI no hay ninguno", al tiempo que defendió el mecanismo y explicó que ahora existe "una relación cara a cara" del Gobierno con los importadores y esto les permite contar con "una pauta de previsibilidad para que sepan cuánto pueden importar". Sobre este tema, y bastante molesto, afirmó: "Toda empresa que presentó su proyecto y nos pusimos de acuerdo no tiene ningún tipo de demora; las que lo tienen están haciendo cosas raras".

Consultado sobre las quejas en cuanto a que existirían faltantes en la provisión de celulares que se arman en Tierra del Fuego y que por esa causa las empresas de telefonía habrían aumentado mucho los precios, recordó que a principios de año se logró un acuerdo con las empresas proveedoras de la isla para reducir en un 20% las necesidades de divisas y que dentro de esa pauta se cumplió con la DJAI. Costa, ofuscado, acusó: "Se adjudican problemas con las importaciones para subir precios, muchas veces es una excusa y una avivada, no tiene que ver con la realidad".

Por otra parte, las terminales automotrices son motivo de un estrecho seguimiento por parte del Gobierno. Así resultó la multa que se les aplicó a varias de estas empresas por conductas anticompetitivas en Tierra del Fuego (ver pág. 10). También son monitoreadas por el grado de cumplimiento de los planes Pro.Cre.Auto I y II. Uno de los reclamos constantes de las automotrices es que se les amplíe el cupo de 100 millones de dólares semanales a 300 millones para importación. Sobre este cupo, reconoció el secretario de Comercio: "Ahora se está revisando; la idea es que puedan disponer de las divisas necesarias para funcionar con normalidad".

En el Gobierno se muestran muy conformes con la marcha del Plan Precios Cuidados. "Desde hace unos diez días estamos juntándonos con las empresas y con los supermercados, y unánimemente todos expresaron la voluntad de seguir con el acuerdo", confirmó Costa. El viernes pasado, el funcionario estuvo reunido con Daniel Funes de Rioja y la comisión directiva de la COPAL, y al respecto señaló: "Nos pusimos de acuerdo en que simplemente vamos a hacer una adenda del acuerdo que firmamos hace un año extendiéndolo por un año más". El que está vigente termina el 6 de enero.

Por otra parte, la Ley de Abastecimiento ha puesto una piedra en el vínculo entre los empresarios y el Gobierno. El G-6 (Unión Industrial, Bolsa de Comercio, Sociedad Rural, Cámara de Comercio, la Construcción y los bancos argentinos) llevó el caso ante la Justicia con el propósito de impedir la aplicación de esta polémica norma. "Lo único que vamos a reglamentar es que la autoridad de aplicación sea la Secretaría de Comercio", dijo Costa. Al respecto, señaló que esto será inminente, ya que "está a la firma (de la presidente Cristina de Kirchner) el decreto de esta ley, así como el decreto reglamentario del observatorio de precios, y estamos tratando también de terminar algunas cuestiones del fuero del consumidor que se pueden reglamentar ahora".

Hasta el momento, explican en el Gobierno, no hubo ninguna intervención judicial en contra de la norma. "Cayó en un juzgado y lo primero que hicieron fue recusar al juez, y ahora recayó en otro juzgado; pero la primera actitud fue recusar al juez, esto también habla de cuál es el espíritu del G-6 con respecto a cualquier ley que limite el abuso de las empresas que representa", afirmó Costa.