Crece intervención estatal en empresas de servicios

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Al ritmo de duros cuestionamientos a las concesionarias, creció en los últimos meses el desembarco del Estado en las empresas prestadoras de servicios públicos de las provincias, de la mano de la reestatización de la compañía de agua de Salta (mayo) y de las intervenciones gubernamentales sobre las firmas de agua de Mendoza (en agosto) y de La Rioja (en setiembre).

Las tres postales se dieron luego de que los gobernadores denunciaran supuestos incumplimientos del contrato por parte de las empresas -en manos privadas- en materia de inversiones y calidad de la prestación, y en medio de fuertes críticas de los usuarios por las deficiencias en el servicio.

En la vereda empresaria, en líneas generales el tironeo se dio en medio de irresueltos reclamos de subas de tarifas para hacer frente a los crecientes costos en el cumplimiento de la vital tarea. La intervención estatal entraña sus riesgos, sobre todo si se tienen en cuenta las crecientes urgencias financieras que atraviesan buena parte de las arcas provinciales, y que derivan en permanentes ajustes en el gasto público que redundan en menos recursos para las distintas áreas, aún las más esenciales.

Este año es, en rigor, prolífico respecto del avance del Estado sobre las empresas de servicio en distintas provincias -tras el extendido proceso de privatización desarrollado en la década del noventa-, y entraña el dato no menor de que en todos los casos se trató de compañías dedicadas a la prestación del servicio de agua y cloacas.

Los antecedentes más cercanos remiten a 2008, cuando Catamarca eclipsó el mapa en esta materia al decidir el gobernador radical Eduardo Brizuela del Moral traspasar al Estado los servicios de agua potable (en marzo) y la empresa distribuidora de energía (en octubre).

En mayo de 2005, en tanto, el por entonces gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, reestatizó la Empresa Provincial de Energía (Edeersa). Ese mes y año, en paralelo, la puja entre el Gobierno de Jorge Obeid (Santa Fe) y Aguas Provinciales (Grupo Suez y Agbar) derivó en la rescisión del contrato y la estatización del servicio. En los cuatro últimos casos, la postal perdura.

A nivel nacional, en marzo de 2006 el por entonces presidente Néstor Kirchner marcó un precedente de peso si de desplazamiento del sector privado se trata, al no dudar en rescindir el contrato de concesión con la empresa Aguas Argentinas (grupo Suez) para el suministro de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, para entregarle el servicio a la vigente empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA).

Veamos algunas de las instantáneas que se dibujaron en esta materia en el interior, en lo que va del año:

  • Uno de los casos más emblemáticos es el de Salta, donde en mayo pasado el gobernador justicialista Juan Manuel Urtubey rescindió el contrato con la empresa concesionaria del servicio de agua potable, Aguas de Salta SA, por -alegó- «incumplimientos de la empresa». La movida incluyó el anuncio de la reestatización del servicio de agua y cloacas, de la mano de la creación de la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento, destinada a hacerse cargo de la vital prestación. La provincia tiene en la nueva compañía el 90% del paquete accionario, mientras que el 10% restante fue reservado para los trabajadores.

    Además del alegado incumplimiento, Urtubey también remarcó que influyó en la decisión el hecho de que no se pudo llegar a un acuerdo en la renegociación del contrato. «La provincia viene realizando una importante inversión en materia de agua y saneamiento, por una suma superior a los $ 120 millones, y todo esto tampoco se pudo acordar con la empresa», agregó.

    Según fuentes locales, la empresa Aguas de Salta acumulaba numerosas deficiencias en la provisión de agua potable y tendido de redes cloacales en la capital provincial y en localidades del interior.

  • En Mendoza, en sintonía, el gobernador justicialista Celso Jaque dispuso en agosto pasado la intervención por 180 días de la empresa Obras Sanitarias Mendoza SA, también por un supuesto incumplimiento de contrato, aunque negó en ese momento que su intención final sea estatizar la compañía. En paralelo, designó como interventor al actual vicepresidente del Ente Provincial de Agua y Saneamiento, Gonzalo Dávila.

    «El sistema de cloacas y agua está colapsado y en una situación crítica», argumentó en esa oportunidad el ministro de Gobierno mendocino, Mario Adaro. Según el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, la empresa venía generando «numerosos inconvenientes en la población por falta de inversiones en nuevas obras» e, «incluso reclamó la necesidad de aumento tarifario del ciento por ciento».

    Según su composición accionaria, el 70% de la compañía -concesionada en 1998- se encuentra en manos privadas (el 35% pertenece a la firma francesa Saur International y el resto, a otros grupos empresarios), mientras el Gobierno provincial posee el 20% y los trabajadores, el 10% restante.

    En la vereda empresarial, tanto Saur como su socio SouthWather amagaron con iniciar acciones judiciales contra la provincia y luego impulsaron una negociación con el Gobierno mendocino, en un escenario signado por la millonaria demanda contra el Estado nacional por daños y perjuicios que Saur mantiene ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).


  • En La Rioja, en tanto, el mandatario peronista Luis Beder Herrera tomó a fines de setiembre la decisión de intervenir por 90 días el servicio de agua y cloacas que presta la concesionaria Aguas de La Rioja SA. Como Jaque, también aclaró que no tiene por intención final estatizar el servicio. En el correspondiente decreto se establece que en ese plazo será convocada una audiencia pública para la revisión del contrato de concesión y para evaluar la situación de la empresa.
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