Crece la presión a Obama para que proteja de la deportación a jóvenes indocumentados

Legisladores demócratas le pidieron al presidente que antes de retirarse emita un perdón para 750 mil ilegales. Alcaldes de 14 ciudades exhortaron al magnate a que dé marcha atrás con su propuesta.

Washington - A mes y medio de que Donald Trump se instale en la Casa Blanca, crece la presión sobre Barack Obama dentro de su propio Partido Demócrata para que antes de irse proteja a 750.000 jóvenes indocumentados que podrían ser deportados por el nuevo presidente de Estados Unidos.

Se trata de los "dreamers" (soñadores), adolescentes que llevan casi toda su vida en Estados Unidos y a los que Obama protegió frente a la deportación y dio permisos laborales temporales en 2012, al fracasar en el intento de aprobar una reforma migratoria por la oposición republicana en el Congreso.

Trump asegura que revertirá DACA, que es como se llama ese programa, lo que los sumió en el miedo y la incertidumbre ante la posibilidad de ser expulsados, algo que está al alcance de su mano ya que localizarlos sería fácil por estar sus datos en los archivos del Gobierno.

A los "dreamers", la mayoría hispanos, ya los une poco con sus países de origen: no sólo sus familias están en Estados Unidos, sino que se sienten estadounidenses. "Tenemos la responsabilidad de apoyarlos y creemos que el presidente también la tiene", manifestó el congresista Luis Gutiérrez, que lidera la campaña de presión. "Usted les pidió que acudieran (a DACA)", dijo dirigiéndose a Obama.

A mediados de noviembre, Gutiérrez y las también congresistas demócratas Zoe Lofgren y Lucille Roybal Allard enviaron una carta a Obama pidiendo que emita un perdón presidencial que proteja a esa minoría. Sin embargo, la Casa Blanca aseguró que ello no les concedería un estatus legal, algo que sólo puede hacer el Congreso.

Los tres legisladores subieron la apuesta y enviaron esta semana una nueva misiva al mandatario, a la que se sumaron otras seis docenas de miembros demócratas de la Cámara de Representantes, pidiendo que indulte a los "dreamers" por toda violación civil de leyes inmigratorias que puedan haber cometido para que puedan ser solicitantes de una regularización de su estado.

La líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, instó también a Obama a actuar para darles amparo.

El nombramiento de Jeff Sessions como futuro fiscal general no es una buena noticia para el sector amenazado, ya que el senador por Alabama, uno de los más conservadores del país, es un duro opositor a la inmigración. Todo apunta además a que al frente del Departamento de Seguridad Nacional, el puesto más importante en lo relativo a la gestión de la inmigración y a las deportaciones, estará el exgeneral John Kelly, defensor de la línea dura en inmigración.

El futuro de los "dreamers" gana importancia como tema en la vida política de Washington según se acerca el 20 de enero, cuando Trump asumirá el cargo. La línea dura del Partido Republicano lo intima a poner fin completa e inmediatamente a DACA, mientras los demócratas y también algunos republicanos presionan para que no lo haga. Un grupo de congresistas de ambos partidos analiza cómo reactivar el debate sobre una reforma migratoria que permita legalizar a indocumentados.

En la política de inmigración anunciada por Trump en campaña hay puntos que necesitarían de tiempo para realizarse, por ejemplo, la construcción del muro en la frontera con México. Sin embargo, la revocación de DACA la puede llevar a cabo en su primer día en la Casa Blanca, firmando una orden ejecutiva. En una entrevista con Time publicada ayer, Trump dijo que buscará una solución a este tema "que haga feliz y orgullosa a la gente", pero reiteró su intención de poner fin al DACA.

En ese marco, el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, entregó una carta al magnate en la que 14 alcaldes le piden que proteja a los estudiantes sin papeles. La solicitud fue presentada en persona en la Torre Trump en Nueba York.

Chicago y Nueva York son dos de las muchas ciudades estadounidenses que se declararon "santuarios" para los inmigrantes indocumentados, estimados en unos 11 millones en todo el país. Afirman que no los perseguirán por su estatus migratorio para deportarlos aunque Trump les saque los fondos federales.

Agencias DPA y AFP