Crece polémica en Uruguay por menor que mató a tres personas

Montevideo - El caso de un menor uruguayo de 17 años que en siete meses mató a tres personas derivó en un enfrentamiento entre el Gobierno, la Justicia y el Parlamento uruguayo que entrecruzan acusaciones y supuestas responsabilidades, frente a la mirada atónita de la población.

El joven, apodado «el Pelón», mató el pasado 3 de enero de un disparo a un repartidor de alimentos que se resistió a ser robado. Cuatro días antes, el 30 de diciembre, el menor había recuperado la libertad tras permanecer dos meses ingresado en un centro correccional a la espera de su condena por otro homicidio cometido el 26 de octubre.

La legislación uruguaya, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, otorgó a los jueces que actúan en casos de menores 60 días para dictar sentencia mientras dura el ingreso provisional de los adolescentes. Contrariamente, en el caso de los mayores de edad la ley no especifica un tiempo para que los jueces dicten sentencia, y la prisión provisional se puede extender ilimitadamente.

Tras conocerse los antecedentes de «el Pelón», que en junio de 2010 cometió su primer homicidio tras una larga lista de robos, consumo de drogas y agresiones que lo llevaron repetidamente a centros correccionales juveniles, se generó una polémica pública.

El Gobierno, a través del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dejó entrever su malestar por lo ocurrido y responsabilizó al juez del caso. Bonomi insistió en su intención de endurecer las sanciones para los menores que comenten delitos graves, que actualmente son ingresados en centros correccionales, pero no pueden ser enviados a prisión hasta que cumplan 18 años.

La postura del ministro del Interior de penar con más rigor a los menores delincuentes genera discrepancias incluso en la interna de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio.

El presidente interino de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Larrieux, consideró en declaraciones a medios locales que el juez del caso «en principio no tiene responsabilidad, porque los 60 días transcurrieron con actividad procesal útil». «Si se practicaron citaciones a testigos y pericias, y transcurrieron los dos meses; el juez tiene que cumplir con la ley» y liberar al menor, agregó.

Los jueces «pasaron el balón» al Parlamento y se quejan de que 60 días para dictar sentencia, según la legislación aprobada por senadores y diputados, es poco tiempo. Además, aducen que los abogados defensores frecuentemente recurren a recursos legales poco éticos para demorar el juicio y facilitar la liberación de los menores infractores.

Agencia EFE