Crece preocupación por toma de terrenos en varias provincias

Las familias intentaron resistir el desalojo del predio que ocupaban desde hace cerca de cinco años en el Chaco.

Crece la preocupación en las provincias por la cascada de usurpaciones desatada tras la toma del porteño Parque Indoamericano, que deriva riesgosamente en situaciones de extrema tensión, como en el caso del desalojo de un predio intrusado dispuesto el pasado miércoles en Chaco.

La profunda inquietud de los gobernadores pesó fuerte en la asamblea del Consejo Nacional de la Vivienda, realizada días atrás en Santa Fe, y que reunió a los titulares de Institutos de Vivienda de todo el país.

Allí los funcionarios provinciales acordaron la integración de comisiones técnicas específicas para abordar el análisis de los problemas surgidos por las nuevas usurpaciones. «El objetivo es llegar a contar con una legislación tendiente a resolver la problemática relativa a esta materia», sostuvo el titular del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano de Tucumán -y presidente del consejo nacional-, Gustavo Durán.

Más allá del déficit habitacional que acosa al interior, la efervescencia social en materia de intrusiones se potenció con la inminencia de la catarata de comicios que se avecina y con el desgobierno que signó los primeros días del copamiento de Villa Soldati, al ritmo de los cortocircuitos entre Cristina de Kirchner y Mauricio Macri.

En el caso de Chaco, se vivieron horas de tensión el pasado miércoles en la ciudad de Sáenz Peña, cuando 60 familias intentaron resistir una orden de desalojo de terrenos privados ubicados en el Barrio Mitre, usurpados desde hace cerca de cinco años.

La orden de liberar el predio partió de la jueza de Garantías Norma Nepote de Casalino. Según lo reseñado por el diario Norte, las precarias edificaciones quedaron finalmente reducidas a escombros en pocos minutos, pese al intento inicial de un grupo de familias de frenar la demolición.

Esa postal de incertidumbre, en rigor, se replica en distintos puntos del país.

Por caso, en Neuquén, se desarrollaron en las últimas horas intensas negociaciones entre autoridades provinciales y de Villa La Angostura y vecinos que usurparon semanas atrás tres predios en la turística localidad. Los funcionarios prometieron ayuda social y la posibilidad de acceder a un loteo social, aunque siempre bajo la condición de liberar los terrenos.

En tanto, en Córdoba, vencerá el próximo lunes el plazo impuesto por la fiscal Eve Flores para que cerca de 80 familias que usurpan un predio de cinco manzanas del barrio Marqués de Sobremonte Anexo, en la ciudad de Córdoba, liberen el lugar.

La iniciativa -que apuesta a alentar una negociación con el intendente Daniel Giacomino- se da en el marco de una causa penal abierta por «desobediencia a la autoridad», luego de que los ocupas no respetaran un fallo que prohibía el despliegue de construcciones.

En este marco, en San Luis, dos diputados del Partido Movimiento Ciudadano -Mónica Ruti y Eduardo Gargiulo- presentaron un pedido al gobernador del peronismo disidente Alberto Rodríguez Saá en pos de que adopte medidas «en forma imperiosa» para hacer frente al déficit habitacional provincial y evitar así hechos de violencia social como los registrados en la Ciudad de Buenos Aires.