Crece riesgo de rebelión fiscal en provincias

La voracidad fiscal que vienen mostrando las provincias y los municipios del país está encontrando su propio punto de saturación en los contribuyentes. La reciente protesta con cese de actividades en Ushuaia contra la reforma impositiva que impulsa Tierra del Fuego es un ejemplo del agotamiento de productores y comerciantes por las subas de impuestos recurrentes que vienen soportando.

Pero el caso Tierra del Fuego, que pretende subir la alícuota de Ingresos Brutos del 3% al 4,5%, es sólo reflejo de una rebelión fiscal que puede repetirse en otros lugares del país si gobernadores e intendentes insisten en seguir sumando ingresos a costas de asfixiar el trabajo de las pymes.

La situación es como mínimo preocupante: ya hay 18 provincias que aprobaron o tienen en estudio incrementos en las tasas de Ingresos Brutos. En Tucumán, la alícuota subió un 40% (del 2,5% al 3,5%) este mes; en Santa Cruz, a fines del año pasado se autorizó un alza del 20% (del 2,5% al 3%); en Neuquén se aplicó tiempo atrás un aumento del 50% (del 2% al 3%); en Río Negro se eliminó la bonificación del 30% por pago al día y subió un 50% la alícuota (del 3% al 4,5%) para grandes contribuyentes; en Entre Ríos aumentó un 22% (del 1,6% al 3,5%) la alícuota de servicios relacionados con actividades primarias, en tanto igual situación atraviesan Mendoza, Misiones, Santa Fe y Buenos Aires, entre otras.

Absurdo

Ingresos Brutos es un impuesto que cobra un porcentaje directo de la facturación bruta de las empresas. Se mueve en sintonía directa con la actividad económica. Y de allí ingresa el 75% de los recursos propios de las provincias. Lógicamente que cuando caen las ventas, cae la recaudación propia de las provincias, y se siente. Pero los gobernadores creen que esa merma pueden resolverla subiendo las alícuotas, sin reparar en la fragilidad que provoca la menor demanda en las pymes. Así, mientras muchas pequeñas y medianas empresas hacen equilibrio para acomodarse hasta que la actividad repunte, reciben un castigo fiscal insostenible.

Pero el sofocamiento fiscal tampoco termina allí. Centenares de municipios están aumentando sus tasas o incorporando nuevas. No es un fenómeno nuevo producto de la menor actividad. Hace años llevan haciéndolo. Ya hay más de 140 tasas municipales diferentes en las ciudades de la Argentina. A su vez, con el asesoramiento de consultoras privadas encuentran el recoveco legal para incorporar impuestos que se superponen con los que cobran las provincias. En Corrientes, diversos municipios aplicaron una tasa de ingresos brutos municipal que grava el 0,3% de las ventas. La tasa se superpone a ingresos brutos provincial, y los empresarios temen que vengan sucesivas alzas.

Lo mismo sucede en otras ciudades. En Río Gallegos se manejan con módulos que suben automáticamente las tasas y en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires se vienen aplicando subas recurrentes en seguridad e higiene, publicidad interior y tasa de abasto.

La presión fiscal en la Argentina se encuentra en niveles históricos. Nunca se presionó tanto sobre la producción. El año pasado, la recaudación nacional alcanzó los $ 540.130 millones, equivalente al 29,3% del Producto Bruto Interno (PBI). En 2001 la recaudación nacional representaba sólo el 16,8% del PBI. Es decir, la presión fiscal subió 12,5 puntos porcentuales en 10 años. Si se suma, además, lo que cobran provincias y municipios, estamos hablando de una presión tributaria de casi un 35% del PBI. Pero con un agravante: un tercio del producto argentino se genera en la informalidad, eximido de todo gravamen. Es decir, los que pagan efectivamente sus impuestos enfrentan una carga real promedio del 45-46% del PBI.

La carga tributaria es insostenible para los pequeños y medianos empresarios. La anarquía fiscal que hay en las provincias y los municipios requiere de un ordenamiento urgente que permita a las empresas planificar y producir sin la amenaza fiscal permanente de los Gobiernos locales. Hay ejemplos para imitar. Uno de ellos es La Rioja, donde el tribunal de Justicia declaró inconstitucional la tasa de seguridad e higiene aplicada en el municipio capitalino. El crecimiento y el desarrollo de una Nación no se apuntalan con más impuestos, sino dándole calidad, justicia y equidad al sistema tributario y eficiencia a su recaudación.

(*) Presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.