Crédito caro. ¿Quién tiene la culpa?

Hace algunas semanas, la Presidente les reclamó a los bancos que resignen ganancias y presten más barato, para apoyar al sector productivo. Esto implica pensar que la falta de crédito o su costo es culpa de la codicia del sistema financiero, cuando en realidad es responsabilidad directa de las políticas intervencionistas que llevó adelante su Gobierno. De hecho, los beneficios de las entidades no han mejorado, sino que se han deteriorado en los últimos tiempos. Por otro lado, la mayor incertidumbre que genera decisiones oficiales, como el adelantamiento de las elecciones y el renovado enfrentamiento con el campo, nos retrotrae a experiencias recientes que fueron la causa de la mala evolución actual del crédito, amenazando con agravarla.
Durante 2008, el Gobierno K propinó dos duros golpes al financiamiento interno argentino. El primero fue, durante el segundo trimestre, por el mal manejo del conflicto con el sector agropecuario, que incentivó la salida de depósitos bancarios y la fuga de capitales. Luego de mediados de año, la crisis internacional se encrespó y, en EE.UU. y el mundo, los gobiernos se abocaron a sostener sus sistemas bancarios y sus mercados de capitales. En la Argentina, logramos capear razonablemente el temporal hasta que, a fines de octubre, con la confiscación de los ahorros para la vejez de los afiliados a las AFJP, terminamos importando la crisis financiera internacional. Esto potenció la incertidumbre por el futuro de un país cuyo Gobierno no vacila en apropiarse y decidir arbitrariamente sobre el patrimonio de sus residentes. Los argentinos de todos los niveles de ingresos volvimos a ahorrar (dejamos de consumir e invertir) y a sacar los depósitos de los bancos para comprar divisas y mandarlas al exterior, guardarlas en una caja de seguridad o en el fondo de un placard.
Por lo tanto, no debería llamar la atención que la demanda interna se deteriorara y, con ella, el nivel de producción. Tampoco que el crédito doméstico al sector privado sea escaso, ya que su principal insumo, las imposiciones bancarias, tendieron a bajar varios escalones y, pese a que luego mejoraron, nunca recuperaron su anterior nivel. Esta menor posibilidad de prestar se ve agravada por la necesidad de las entidades de tener mayor disponibilidad de liquidez para responder al potencial aumento de retiros, lo cual tiene un costo de oportunidad alto. Por lo tanto, también resulta lógico que hayan visto mermar sus ganancias y que sea esperable que esta tendencia persista en el tiempo.
A pesar de los dichos del ministro, el propio Gobierno está demostrando que es absurdo suponer que un funcionario público, por brillante y capacitado que esté, pueda ser más inteligente que el conjunto de sus conciudadanos y asignar mejor que ellos los recursos financieros. Lo primero a tener en cuenta es que nadie puede gastar más por cambiar su dinero de bolsillo. Por lo tanto, los recursos que hoy el Estado asigna arbitrariamente al financiamiento de algunos sectores privilegiados implican una disminución de las líneas de crédito de los bancos que tengan que devolver esos depósitos a la ANSES. Además, en la medida en que este último vaya recuperando recursos del mercado y reasignándolos, habrá gente o empresas para las que el financiamiento o las inversiones se volverán más escasos o caros que si no hubiera intervenido el Estado. En contrapartida, los sectores beneficiados por el Gobierno tendrán más fondos y más baratos; en parte porque el sistema previsional estatal, al exigir bajos rendimientos, obliga a los futuros jubilados a subsidiar la demanda interna presente a costa de su futuro bienestar durante la vejez.
Ahogo
De más está decir que el trámite estatal de elección oficial de los sectores y la implementación de las líneas de financiamiento es más lento que la asignación que pudo haber realizado el sector privado, para el cual: «Tiempo es dinero». Además, es lógico esperar que, en un contexto con una mala perspectiva de ventas, de empleo o de ingresos, quien pueda hacerlo, evite tomar prestado. Por lo tanto, la mayoría de los que acudirán a pedir ese financiamiento subsidiado serán quienes tengan algún ahogo financiero. Además, el criterio de selección oficial favorece a los sectores más comprometidos y, si a todo esto le sumamos que los bancos tuvieron que comprometerse a cobrar un costo de intermediación bajo, ¿quién querrá prestarles a clientes de alto riesgo? Solamente las entidades públicas, cuyas pérdidas luego sufragarán los contribuyentes. Por lo tanto, tampoco extraña que sean estas últimas las que han ganando la mayor parte de los recursos licitados. Es así como, por el exceso de cautela en la banca privada y por las ineficiencias burocráticas de las «solidarias» instituciones públicas, la asignación de estos créditos termina llegando tarde y con cuentagotas.
Por supuesto que, en general, los sectores más eficientes y con mejores perspectivas no tendrán ninguna prioridad para el «dedo generoso» del Gobierno. No obstante, si bien es cierto que éstos no son los que necesitan ayuda, son los que podrían producir más y crear puestos de trabajo si pudieran contar con los recursos necesarios. Como el acceso que tienen al crédito disminuye con la arbitraria intervención estatal, sus posibilidades de inversión serán menores. Por lo tanto, y más allá de los pomposos lanzamientos de financiamientos sectoriales del Gobierno, el resultado de esta estrategia electoralista será un menor nivel de producción, de empleo y bienestar económico para el conjunto de los argentinos. Así, los resultados de la propia gestión oficial demuestran las deficiencias de las políticas intervencionistas y voluntaristas que sus funcionarios K se empecinan en aplicar y defender.