Crisis política en Jujuy: echan a jefe de Policía

La tensión en la zona se mantuvo durante todo el fin de semana, luego del desalojo del jueves convertido en una batalla campal que derivó ayer en el desplazamiento del jefe de la Policía jujeña, comisario mayor (R) Jorge Ayarde.

Jujuy - El trágico desalojo policial el pasado jueves de un predio de la empresa azucarera Ledesma tomado por cerca de 700 familias en Libertador General San Martín, que dejó cuatro muertos, se cobró una nueva cabeza de la mano del desplazamiento ahora del jefe de la Policía jujeña, Jorge Ayarde.

Este escenario se da mientras no cesa la tensión en esa localidad, donde no sólo el terreno volvió a ser ocupado sino que además un centenar de familiares de policías tomaron en la noche del sábado un predio con viviendas a medio construir, en reclamo de soluciones habitacionales.

En paralelo, se intensificó la presión sobre el juez Jorge Samman, quien firmó el pedido de desalojo y luego se fue de feria. Por de pronto, el líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Jujuy, Enrique Mosquera, confirmó que pedirá la recusación del magistrado. «Estamos planteando un jury de enjuiciamiento», agregó respecto de Samman, quien solicitó retomar la causa.

Mientras tanto, avanzan las investigaciones (las pericias están en manos de Gendarmería) en pos de determinar los responsables de los disparos de armas de fuego que provocaron las muertes. Según la Policía, los efectivos asistieron al lugar desarmados -como lo estipula el protocolo para atender protestas sociales-, mientras que los activistas de la CCC (que fogonearon la toma) alegaron que sólo fueron munidos de piedras.

Poco después del violento operativo, el gobernador justicialista Walter Barrionuevo separó al jefe policial que estuvo a cargo de las tareas en el terreno usurpado de la empresa Ledesma, mientras que horas más tarde le presentó su renuncia el ministro de Gobierno, Pablo La Villa, quien fue reemplazado por Hugo Echavarri.

Ayarde dejó su cargo en medio de una intensa polémica y fue reemplazado por el comisario general Sergio Vilca, quien se desempeñaba como subjefe de la fuerza.

En lo formal, la directora de Prensa de la Gobernación jujeña, Dalila Soppe, confirmó ayer el desplazamiento de Ayarde luego de que el mandatario kirchnerista -se informó- le aceptara la dimisión, e indicó que Vilca lo reemplazará en forma interina.

Ahora todas las miradas se dirigirán además a la Legislatura, donde se discutirá la expropiación de los terrenos de Ledesma intrusados (ver aparte), mientras que se esperan marchas de repudio mañana en Jujuy, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires.

El operativo dejó ese jueves el saldo de tres muertos por disparos de armas de fuego (dos civiles y un policía), mientras que el viernes falleció un cuarto hombre (Juan José Velázquez, de 37 años) que se encontraba internado con muerte cerebral, por una bala alojada en el cráneo, en el hospital Pablo Soria de la capital provincial.

En las últimas horas fueron inhumados los restos de Velázquez en Calilegua, pocos kilómetros al norte de Libertador San Martín. La infortunada víctima trabajaba en la municipalidad local como jardinero.

Dado el clima de tensión, finalmente fueron suspendidas las internas abiertas y simultáneas que debían desarrollarse ayer. No obstante, las principales candidaturas están definidas y la gobernación la disputarán el actual titular de la Cámara de Diputados nacional, Eduardo Fellner, y el radical Mario Fiad. El jueves, Fellner denunció que los incidentes tienen un «trasfondo político».

En este marco, referentes sociales y de organismos de derechos humanos solicitaron formalmente una audiencia con el gobernador. El pedido fue rubricado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; la titular de Madres Línea Fundadora, Nora Cortiñas; el dirigente del movimiento Tupaj Atari y líder de la Comisión de Derechos Humanos de San Salvador de Jujuy, Carlos «El Perro» Santillán; y Victoria Donda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados.

En lo que respecta a la nueva toma por parte de familiares de policías, se trata de un terreno de siete manzanas con casas a medio construir, destinadas a personas en emergencia habitacional.

En la noche del sábado, alrededor de las 21.30, un centenar de familiares de policías irrumpieron en un predio donde el Gobierno provincial había comenzado a edificar unas 300 viviendas, en 2009, pero con obras suspendidas en varias oportunidades.