CRISTINA APLICA MÉTODO DE YRIGOYEN EN 1917

El Gobierno se tomará 30 días para elaborar -en el máximo secreto- el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial sobre la base del informe que le entregaron ayer en público Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci. En ese lapso los abogados de la Procuración del Tesoro y de la secretaría de Carlos Zannini conciliarán las ideas de la iniciativa que se alimentó de las fuentes más variadas, como la lectura de codificación de otros países, tratados internacionales y también aportes de expertos universitarios que, como describió el presidente de la Corte Suprema, aportaron perspectivas diversas, pero que no pueden ir en bruto al Congreso. Este proyecto aplica, aunque nadie lo reconocerá, una técnica de debate académico común en algunas universidades, el método «wiki» (en hawaiano «rápido»). Es un procedimiento revolucionario que suma conocimiento desde la horizontalidad, demuele el verticalismo de las cátedras y los grupos científicos, reconociéndole a cada aportante el resultado final que le asisten argumentos y razón. En este sentido, la Argentina innova con este código «wiki» que transcribe desde sesudas reflexiones de jueces supremos hasta minutas acercadas por e-mail desde una universidad de Bahía Blanca.

Para la elaboración del texto final de la reforma, el presidente Lorenzetti le ha pedido al Ejecutivo el máximo sigilo y que no haga trascender el documento de base porque podría generar debates políticos y académicos que demorarían el trámite de su sanción por el Congreso, en donde se prevén, además, extensas audiencias en las que querrán opinar todos.

Esta reforma ganó estridencia por el relieve alto que le quisieron dar el Gobierno y la Corte en el acto de ayer y por el interés del público en cuestiones tan jugosas como el divorcio exprés, los acuerdos prenupciales y el alquiler de vientres. Entusiasma al Gobierno, que se alimenta en la operación «wiki» de los tratados internacionales, que define el concepto de persona y, por primera vez, los derechos humanos en el Código Civil. Lo que el Gobierno busca, sumiendo en secreto por 30 días la redacción del proyecto final, es evitar que la discusión de cada iniciativa en las radios todas las mañanas devalúe la intención de avanzar en reformas que van mucho más allá que los matrimonios a la carta y que no se agotan en este proyecto.

Tanto o más importante que la presentación de ayer de esta iniciativa fue el anuncio de que habrá una reforma del Código Penal y que estará a cargo de una comisión integrada con mayoría de la oposición. Una revolución para este Gobierno tan resistente a admitirles legitimidad a formaciones ajenas a su riñón, fueran los partidos, los gremios, la prensa o los organismos de formación de políticos.

Darle a la oposición el control de la comisión de reforma penal intenta destrabar el debate ideológico que hay en la Argentina en este fuero, en el cual se despedazan garantistas y ortodoxos, abolicionistas y manos-dura, con un pobre resultado en la aplicación de las normas que terminan creando la sensación de impunidad, tanto en víctimas como en victimarios. Darle a la oposición este asunto evoca un antecedente muy rico: la decisión de Hipólito Yrigoyen en 1917 de entregarle la redacción del Código Penal que se aprobó en 1921 a una comisión controlada por el diputado conservador Rodolfo Moreno, un opositor, para sacar de la parálisis el debate que existía entre los radicales en materia penal.

Entre los juristas del Gobierno existe la idea de que hoy en la Argentina no hay Código Penal coherente y aplicable en su integridad y que ésa es una falencia grave que nadie ha podido superar, pese a que existen proyecto de anteriores gobiernos, incluyendo el de Néstor Kirchner cuando Gustavo Béliz era ministro de Justicia, que lo intentaron. En ese momento actuaron de manera gravitante León Carlos Arslanian y Ricardo Gil Lavedra; serán llamados ahora y el diputado radical seguramente presidirá esa comisión, a la que ya han comprometido acercar técnicos el PRO (a través de Federico Pinedo) y el socialismo de Hermes Binner. Cavilan en el Gobierno sobre los riesgos de abrirle el juego a Elisa Carrió, que tendrá mucho que decir en esta materia pero cuya fuerza dialéctica puede tener efectos incontrolables.

Pero hubo otro anuncio que puede ser más importante ayer, el de un proyecto para redactar un Código Administrativo de fondo y uno Contencioso Administrativo. Este es el terreno en el cual el Gobierno siente que el Estado está desprotegido ante la llamada «patria pleitera», que ha hecho una industria del juicio contra el Estado, que actúa en esas causas como un particular con la diferencia, en beneficio de los litigantes, de que el Estado es el que siempre paga.

La codificación administrativa, en la perspectiva del Gobierno, puede levantar vallas contra la industria del juicio y sacar al país del exceso de que en materia de servicios públicos -materia del derecho administrativo- hoy se aplica el derecho laboral. Querría el Gobierno que en esta reforma el Congreso aprobase un viejo proyecto de declarar a ciertos servicios públicos como «esenciales» para evitar las huelgas salvajes que afectan los derechos de los usuarios. Esto existe en España, en donde se puede ver en estas horas cómo las organizaciones que armaron el paro contra el ajuste de Mariano Rajoy negocian con la administración cómo será el cese de actividades, que no puede ser ni por sorpresa ni total.

Meter el bisturí en el Contencioso Administrativo es también un intento de sacar al Estado de la vulnerabilidad en que está porque rigen normas de juicios contra la administración pública que datan de 1904 que dejan brechas para que prosperen las demandas contra el seguro pagador, algo que los gobiernos alimentan cuando se constituyen en querellantes contra el propio Estado usando abogados y fondos que provienen del propio Estado. Ambicioso proyecto que, claro, no podrá prosperar sin el aporte de la oposición, que mide minuto a minuto la sinceridad de este insólito llamado a participar de estas «wiki» reformas.