Cristina de Kirchner pondrá fin al sainete judicial y se presentará hoy en los tribunales federales de Comodoro Py para cumplir con el trámite de toma de huellas dactilares e informe socioambiental ordenado por el juez Claudio Bonadio. De esta forma, desactivará la escalada que el viernes mantuvo en vilo a las fuerzas de seguridad apostadas en los tribunales de Retiro y que tuvo a la exmandataria como protagonista de un infructuoso reality show cuando acudió al juzgado federal de Río Gallegos a la misma hora que el magistrado había ordenado que se presente en su despacho. La consecuencia fue que Bonadio la citó para hoy, renovando la advertencia sobre el posible desacato y la convocatoria por la fuerza pública. El tira y afloja no tuvo ganadores. Ni Cristina concurrirá cuando lo solicitó, ni Bonadio pudo mostrarse inflexible con una medida sin ninguna trascendencia legal. Sólo fue una muestra más del enfrentamiento personal que va camino a convertirse en una novela.
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Para cumplir con uno de los pasos previos a la elevación a juicio de la causa por la venta de dólares a futuro en los últimos meses de su Gobierno, la expresidente abordó ayer a las 18.50 un vuelo desde El Calafate de regreso a Buenos Aires, con el fin de presentarse hoy antes de las 13. El deadline lo fijó Bonadio el viernes, cuando se aguardaba una posible convocatoria por la fuerza pública, había movimiento de efectivos en Comodoro Py y había confirmación de que Cristina estaba en el sur. Su abogado, Carlos Beraldi, hizo un último intento ante la Cámara Federal para posponer la fecha. El juez acusó recibo y la volvió a citar para hoy, dos días antes de la fecha en la que la expresidente había pedido asistir, en una nueva señal de que no está dispuesto a allanarse a ningún pedido (ni siquiera los intrascendentes) de la exjefa de Estado. Según sus allegados, Cristina asistirá alrededor de las 11, pero con un llamado a no movilizar a la militancia a los alrededores de la zona de Retiro. Temen, desde su entorno, que nuevamente se disponga un operativo policial que la última vez que debió presentarse a indagatoria terminó con varios golpeados, incluyendo a la diputada Juliana Di Tullio. "El Gobierno prepara un capítulo más de la distracción permanente como único método de gestión", disparó vía Twitter para pedir que no haya manifestaciones de apoyo entre sus seguidores.
"Por favor, dejémoslos solos para que puedan exhibir, una vez, su ineficiencia y mediocridad", lanzó a la par del anuncio de que se encontraba abordando el vuelo AR 1893 desde El Calafate, donde pasó parte del fin de semana largo. Lo concreto es que ya todos los imputados cumplieron con el trámite de rigor que no posee relevancia en la dirección de la causa, que con la confirmación de los procesamientos por parte de la Cámara Federal quedó a las puertas de la elevación a juicio. Sin embargo, en otro movimiento pensado para contrariar los intereses de la exmandataria, inició una serie de medidas para solicitar a la UIF reportes de operaciones sospechosas sobre algunos de los compradores de dólar a futuro, pese a que había sido un tramo de la causa del que había intentado desprenderse en un conflicto con su par Sergio Torres.
Bonadio solicitó los informes sobre el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui; el asesor presidencial José Torello; la constructora Caputo SAICYF, de Nicolás Caputo; el fondo de inversión Pegasus Argentina SA; el exCEO de YPF Miguel Galuccio; el actual embajador de Cambiemos en Estados Unidos, Martín Lousteau; el director del BCRA Pablo Curat; la empresa de turismo Asatej SRL y Chery Socma Argentina SA, la automotriz de la familia Macri. Varios de ellos ya están imputados en la causa de Torres y sobre ellos, la expresidente pidió que se los cite a indagatoria, en su paradójico rol de querellante.
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