En forma paralela al take over del BCRA del 28 de diciembre último (en objetivos e ¿instrumentos?), el Gobierno realizó de manera silenciosa dos movimientos adicionales que apuntaron a recomponer su caja fiscal y su hoja de balance, marcadamente desgastadas por el interminable gradualismo fiscal el cual el Presidente quiere hacer funcionar y por una política monetaria de desinflación con tasa de interés que no termina de arrancar.
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En efecto, ese mismo día se produjo en simultáneo un segundo take over, pero fue en materia de política fiscal y financiera. De un manotazo el Tesoro Nacional se hizo de los depósitos de los organismos públicos obteniendo así un financiamiento adicional de casi 50,000 millones de pesos (estimación propia en base a datos parciales). De esta forma, la presentación de la calibración de las metas de inflación ocultó la otra pieza de política económica relevante de ese día. La decisión del Gobierno de hacerse recursos de organismos públicos vía decreto, "apropiándose" de las cuentas del denominado FUCO, generando ruido en el normal funcionamiento del sector público algo a lo cual la administración anterior no se animó (a pesar de su enorme experiencia en manotazos), revelando la voracidad fiscal existente.
A su vez, tampoco resultó neutral al anuncio del aumento de la meta de inflación, la decisión del gobierno de convalidar el natural deslizamiento cambiario que se iba a producir. Si bien hay atraso cambiario por intervención fiscal y también es deseable la flexibilización cambiaria (es decir, cualquier argumento vale), lo cierto es que tal deslizamiento cambiario de fin de año le permitió al Banco Central recomponer su hoja de balance (¿táctico?). De estar cerrando a fines de noviembre pasado con una pérdida de casi 75,000 millones pesos y un patrimonio neto casi nulo, el BCRA finalizó el año con una ganancia por un monto similar. Esto le posibilitó mantener un patrimonio neto positivo, en niveles similares a los de fines de 2016, a pesar de transferirle utilidades al Tesoro Nacional por unos 60,000 millones de pesos. Es decir, la depreciación del peso del 8.5% de diciembre, inconsistente como instrumento de política con un escenario de creciente estabilidad monetaria, le permitió mejorar su balance en casi $150,000 millones en tan solo un mes.
De esta manera, contabilizando solamente estas operaciones el Gobierno ya se hizo de financiamiento por $280,000 millones en un par de semanas, incluyendo el cambio en la regulación de las inversiones de las aseguradoras ($150,000 M) y la apropiación de las utilidades del Banco Nación ($20,000 M, Presupuesto 2018).
Naturalmente, el aumento de las metas de inflación de los próximos años (junto el probable cambio en la política monetaria) no puede analizarse en forma independiente de estos anuncios fiscales que reflejan claramente la dominancia fiscal existente y los efectos que esta dominancia produce. Concretamente, ensucia la política monetaria, la política de financiamiento, el funcionamiento normal de los mercados financieros y, a la postre, lleva a tomar decisiones "no deseadas" (parches) y a revisar negativamente los objetivos de política económica.
Un contexto internacional que sigue siendo muy favorable y una política de financiamiento que ha funcionado mucho mejor de lo que cualquier analista optimista lo hubiera imaginado han permitido evitar una corrección brusca de la economía argentina. No es fácil una salida del default como el argentino en tan pocos meses y "levantar" u$s9,000 M con la colocación de bonos con impacto razonable en los mercados. De todos modos, seguir jugando todo a la convergencia fiscal gradual, con los riesgos macroeconómicos que ello implica y con los costos que ello genera en materia de distorsiones económicas (aseguradoras, FUCO, stock de Lebac creciente, etc.) y de frustración de los objetivos de política económica (meta de inflación), implica asumir riesgos importantes para la transición hacia país normal.
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