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Cumbre CGT para demandar fondos
Cristina de Kirchner
El orden del día distribuido por el camionero contempla cinco puntos: informe del secretario general, aumento del salario mínimo, elevación del tope de ingresos para la percepción de asignaciones familiares y suba del límite de Ganancias «para evitar que el trabajador siga pagando impuestos laborales», señala de manera textual la convocatoria. El quinto punto, de «asuntos varios», quedará consumido por el reclamo de la CGT de $ 10 mil millones que de acuerdo con los dirigentes el Gobierno les adeuda a las obras sociales, y que los gremios analizan demandar a través de la Justicia, como anticipó este diario.
A pesar de la densidad de los planteos previstos, la mayoría de los dirigentes consultados anticipó que faltarán a la cita o que enviarán, en el mejor de los casos, a sus subalternos. Al menos esos criterios adelantaron en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el sindicato de Mecánicos (SMATA), Obras Sanitarias, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y en La Fraternidad, el gremio de los maquinistas de trenes.
De confirmarse los faltazos será el segundo desaire de proporciones a Moyano: dos semanas atrás los jefes de esos gremios dejaron solo al líder de la CGT en un acto al que convocó en Esteban Echeverría. Era la primera cita masiva organizada tras la definición de las listas de candidatos para las elecciones de octubre, en las que los sindicalistas brillaron por su ausencia.
El encuentro de hoy fue resuelto con el alegado propósito de meterle presión al Gobierno ante la falta de respuestas a las demandas más sostenidas por los gremios en los últimos tiempos. Puertas adentro, todas las líneas internas de la central obrera coinciden en que la situación más preocupante es la de sus obras sociales. Como había adelantado este diario, en marzo comenzaron a elaborar una demanda judicial para exigir el pago del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se compone de aportes de las obras sociales y que tiene como destino la atención de los tratamientos médicos más costosos.
La estrategia de pleitear ante la Justicia no generó hasta ahora, sin embargo, mayor consenso en la CGT. Los gremialistas creen que entrar en esa dinámica sólo servirá para dilatar más la distribución de fondos y empeorar la relación con el Ejecutivo, que en el último tiempo atraviesa su momento más bajo desde 2003.
Preocupación
Si faltaba algún elemento para poner en números la frialdad en el vínculo, Cristina de Kirchner congeló de momento la firma prevista de un decreto que debía destrabar $ 250 millones para las organizaciones de salud de los sindicatos. Se trata de la segunda cuota de un total de cuatro, que pautaba un reparto de $ 1.000 millones antes de las elecciones y de las que sólo se saldó la primera a principios de año. El segundo desembolso estaba previsto para mayo, pero hasta ahora no se concretó.
En el orden del día también se destaca el punto en el que se debatirá el pago de Ganancias sobre los salarios de los empleados en relación de dependencia. La frase «para evitar que el trabajador siga pagando impuestos al trabajo» prenuncia que la CGT exigirá la eliminación de la denominada cuarta categoría, la que fija el gravamen para los asalariados.
En los sindicatos preocupa la creciente presión impositiva. Es que a medida que se concretan las cuotas en las que fueron divididos los aumentos salariales pactados este año en negociaciones paritarias, son cada vez más los trabajadores que quedan plenamente incorporados en los alcances de Ganancias. Y, como en una maniobra de pinzas, al mismo tiempo quedan afuera de la percepción de las asignaciones familiares, que dejan de pagarse cuando los salarios están por encima de los 4.800 pesos.
El salario familiar también será un eje de la reunión del consejo directivo. Sobre este punto, se reclamará la elevación de ese tope y eventualmente su eliminación bajo la consigna de que «los hijos no tienen categorías». El beneficio decrece a medida que aumentan los salarios hasta dejar de pagarse.
El otro ítem será la urgente convocatoria del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Desde enero ese rubro permanece en 1.840 pesos como base de los ingresos formales en todo el país. Mientras el Gobierno espera fijar el nuevo piso en no más de $ 2.300 pesos, la CGT prevé reclamar que sea elevado entre ese monto y 2.500 pesos. En la hipótesis de máxima representaría una suba del 35%, algo que no parece estar dispuesto a convalidar el Ejecutivo a partir de los aumentos promedio generados en paritarias, que estuvieron entre el 24% y el 30%.
El Gobierno planea convocar al Consejo del Salario en los primeros días de agosto, para empardar el llamado con las elecciones primarias del 14 de ese mes. Se trata de un ajuste anual, pero que al Ejecutivo le servirá para exhibir su voluntad de mantener activa su política de ingresos.
La acumulación de los reclamos que prevén exponer hoy será la respuesta más elaborada de la CGT al ninguneo del Gobierno en el armado de las listas de candidatos para octubre. Ya lo había explicitado Moyano en Esteban Echeverría, cuando dijo que los trabajadores estaban para más que «para marchar y votar». Clausurada esa pelea, en los gremios resolvieron abroquelarse en el escenario donde mejor se desenvuelven: la demanda económica.
La carta con la que juegan es incomodar a Cristina de Kirchner en plena campaña electoral por su reelección. Dan por hecho que la jefa de Estado en algún momento deberá ceder en algo y recostarse sobre los sindicatos, al menos para desembarazarse de la presión.


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