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Bien harían los ciudadanos que están siguiendo el tema de YPF desde el presente en indagar el historial desde sus comienzos y de la privatización del inicio. A tales fines se puede acceder a diversos sitios de internet, donde se brindan precisas síntesis y el corazón de un historial que -en ciertos pasajes- contienen bastantes páginas, poco claras, acerca de la actitud tomada por gobernantes que variaron las disposiciones iniciales en reiteradas ocasiones. Allí se verá de qué manera fue variando la «torta», que representa la distribución de las acciones. Y de qué forma la firma Repsol fue avanzando y «comiendo fichas», como si se tratara de un juego de damas. Pero, más allá de focalizar culpas -y, tal vez, abusos- en la petrolera española, bien haríamos los argentinos en concluir, con lo que siempre se debe concluir en cualquier país del mundo. Nadie puede concretar, me-nos aún siendo extranjero, lo que autoridades bien dispuestas y vigilantes no le permiten concretar.

Nuestra columna resulta demasiado escueta para poder resumir, aunque se emplee el máximo de síntesis, el desarrollo de la historia de YPF desde aquellos inicios de los 90, acaso se podría organizar en una nota especial con más espacio disponible. Pero, por ahora, nos atrevemos a asegurarle al lector que no lo tiene bien presente a pura memoria. O que solamente atiende a lo que está ocurriendo en estos días, que el desarrollo de esos distintos pasos indican la enorme responsabilidad que les cabe -mucho más que a Repsol- a los que detentaron el poder político en nuestro medio y fueron quitando las inteligentes vallas colocadas desde la Ley N° 24.145 -sancionada en 1992, junto con la N° 24.076 referida a Gas del Estado- y que estaban muy bien previstas para que YPF no llegara nunca jamás a ser una compañía con control absoluto, en una mano sola.

De qué forma se prescindió de la utilización de la llamada «acción de oro», que le otorgaba siempre al Estado una serie de atribuciones, que tenían directa relación con todo lo que hoy se cuestiona. Y la facultad para «vetar» cualquier maniobra que no se considerara apropiada. Además, por supuesto, de ejercer el poder de policía y verificando de modo permanente aquello que implica la producción y las reservas de la empresa. Todo se convirtió en «zona liberada» y Repsol hizo lo que le dejaron hacer. Amén.