Curioso “scoring” complica a militares

Efectivos arriban al pueblo de Timba para combatir con las FARC. Se abrieron procesos por matanzas de indígenas que tenían por fin ganar crédito para ascensos militares. Se los llama «falsos positivos».

Las ejecuciones extrajudiciales de agricultores y aborígenes acusados de ser guerrilleros de las FARC por oficiales del Ejército colombiano ponen en tela de juicio la estrategia militar del presidente Álvaro Uribe y del ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos. El caso de los «falsos positivos» sigue generando alarma en Colombia, donde ayer la Procuraduría General comenzó un proceso disciplinario contra cinco militares involucrados en la muerte de tres indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes fueron presentados como caídos en combate por el Ejército.

Según informaron voceros de la entidad estatal, los inculpados infringieron los «principios y reglas de los conflictos armados» con el despliegue de la «acción ofensiva» contra personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Este caso fue registrado el 9 de febrero de 2007 y se enmarcaría en lo que se conoce como «falsos positivos», es decir, cuando un operativo militar presenta como bajas de milicias guerrilleras a personas que son ajenas al conflicto para demostrar el éxito de una misión. El sargento viceprimero Claudio Verú Gómez, el cabo tercero Gilwen Enrique García Escobar y los soldados José Miranda Guerra, José Alejandro Perea Ipuana y Enrique Mieles Yorgin son los efectivos procesados por esta causa.

Resultados

Según explicó a Ámbito Financiero Juan Carlos Monroy, experto en temas militares del diario El Colombiano, algunos de estos casos son «ejecuciones realizadas para mostrar resultados operacionales y la operatividad de una cuadrilla. De hecho, en una declaración a la Procuraduría un militar explicó que como la guerrilla estaba debilitada y ya no podía seguir combatiendo, se sintieron muy presionados por las exigencias de los altos mandos y recurrieron a estas ejecuciones en busca de reconocimiento». A través de estos supuestos logros cuantificables en bajas se obtiene prestigio, ascensos y buenos antecedentes para el currículum militar, gatillo de promociones para los efectivos al interior del escalafón de las Fuerzas Armadas. En la última declaración del presidente Álvaro Uribe, el mandatario colombiano se excusó al explicar que a su ejército no se le pide nada que no se le demande a cualquier otro del continente, pero sí reconoció que «hemos sido muy exigentes» con en el cumplimiento de los objetivos. En tanto, en un último informe entregado por la Fiscalía General de la Nación en abril de 2008 se detalla que son más de 1.500 muertes por el caso de ejecuciones extrajudiciales entre los años 2002 y 2007, mientras que el municipio de Antioquia, departamento al que pertenece Medellín, presenta la mayor cantidad de investigaciones con 297 casos. El relator de la ONU Philip Alston -en declaraciones a la revista colombiana Semana- indicó que los «falsos positivos» son una práctica «más o menos sistemática» y que si bien «no puedo descartar la posibilidad de que algunos casos fueran guerrilleros, el Gobierno no me ha dado prueba alguna en ese sentido».

El caso emblema y que puso este fenómeno en la mira pública es el de Soacha, en el municipio de Cundinamarca, ocurrido en marzo de 2008, y que en palabras de Alston es «sólo la punta del iceberg». Este hecho, todavía en juicio, en el que 11 jóvenes murieron supuestamente en combate provocó una purga en el interior de las Fuerzas Armadas donde 27 militares, incluso generales y comandantes, fueron desafectados de la institución. Es más, el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos y probable candidato presidencial fue puesto en tela de juicio y necesitó del «blindaje» de Uribe. En palabras de Monroy, existe un grupo de gente que se encuentra en una especie de limbo «porque no son guerrilleros fusilados, son campesinos pero ayudan a la red logística al llevar víveres al interior de la selva y otros artículos básicos. Algunos lo hacen ante la amenaza de las FARC y otros para ganarse el beneplácito de ellos y ser bien tratados».

Descontrol

Respecto del caso de So-acha, donde las familiares de los ejecutados encabezaron protestas durante meses, lo que se le recriminó al Ejército fue la falta de mecanismos de control en estas muertes extraoficiales. «Los escuadrones pasaban mucho tiempo internados en la selva y cuando volvían reportaban estas supuestas muertes en combate sin ser confirmadas por un ente externo. Nadie verificaba en el terreno la palabra de estos efectivos», indicó Monroy. Con posterioridad a este caso, funcionarios de la Fiscalía y sus forenses fueron transportados en helicópteros al lugar donde los uniformados provocaron estas bajas para investigar cada caso. «En 20 años entre 1985 y 2005 por homicidio en persona fuera de combate no alcanzaba la Fiscalía a tener 100 investigaciones, pero en esta administración de la Fiscalía ya se habla de 690», sostuvo el fiscal general de la Nación Mario Iguarán a la prensa local.