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Dan sentencia en polémico caso de venta de armas
Carlos Menem
Luego de dos años y once meses de juicio, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 (TOPE 3) tiene previsto dar a conocer el fallo sobre las responsabilidades de Menem, su exministro de Defensa Oscar Camilión; y el exsecretario presidencial Emir Yoma, entre otros implicados. Sobre el expresidente hay un pedido de los fiscales Marcelo Agüero Vera y Mariano Borinsky de ocho años de prisión por el delito de contrabando agravado, por tratarse de material bélico.
En caso de que Menem sea condenado y la sentencia quede firme, después de apelaciones que pueden llevar años, es de prever que el tribunal pida su desafuero, ya que es senador nacional y aspira a renovar su banca en alianza con el kirchnerismo.
El tribunal dispuso que por la mañana se les dé el derecho a las últimas palabras previas al fallo a los imputados Emir Yoma, exsecretario presidencial, y María Teresa Cueto, exverificadora de Aduanas.
Luego de ello, se prevé la realización de un cuarto intermedio y por la tarde darán a conocer el veredicto.
Además de Menem, Camilión, Yoma, y Cueto, están imputados el supuesto traficante de armas Diego Palleros; Luis Sarlenga, exinterventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), Daniel Paulik, exjefe de la Fuerza Aérea; y Enrique de la Torre, exdirector de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
También el exdirector de Coordinación Empresaria y del Ministerio de Defensa, Mauricio Muzi; los exdirectores de la DGFM, Manuel Cornejo Torino y Julio Jesús Sabra; el exdirector de la Fábrica Militar de Río Tercero, Jorge Cornejo Torino; el exgerente de Comercialización de DGFM, Haroldo Luján Fusari; su colaborador, Carlos Alberto Núñez y el exdirector de Coordinación, Edberto González de la Vega.
El resto de los acusados son la exjefa de Abastecimiento y Comercio Exterior de la DGFM, Teresa Irañeta de Canteiro y los exdirectores de producción de esa repartición, Carlos Jorge Franke y Angel Daniel Vicario.
Pedidos de los fiscales
En sus alegatos, los fiscales pidieron para Menem y Palleros ocho años de cárcel; para Yoma y Camilión, siete; y seis para Sarlenga, Núñez, González de la Vega y Franke.
También habían requerido cinco años y medio de prisión para Manuel Cornejo Torino y Fusari; y de cinco para Sabra, Irañeta de Canteiro, y también a Jorge Cornejo Torino.
Reclamó cuatro años y seis meses para Vicario; cuatro para De la Torre y para Muzi, y tres años de prisión en suspenso para Paulik, el exjefe de la Fuerza Aérea.
En tanto, la Fiscalía no acusó a Cueto durante el alegato realizado en diciembre del año pasado.
La causa por la venta ilegal de armas se originó tras una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans sobre la base de una nota del diario Clarín que a su vez reproducía una nota de la revista peruana «Caretas» en la que informaba que agentes de inteligencia de ese país había observado un presunto embarque de armas con destino a Ecuador, país en conflicto fronterizo con Perú en un proceso en el cual la Argentina era garante de la paz entre los dos países. Monner Sans con ese recorte de prensa que reproducía otro del Perú, logró que la Justicia procesara y llevase a juicio al expresidente y a varios de sus funcionarios.
Después se conoció la firma de decretos presidenciales que autorizaban el envío de material bélico a Panamá y Venezuela, pero en realidad fueron destinadas a Ecuador y Croacia, estos últimos en situación de guerra. En la investigación no se avanzó en la trama geoestratégica de estos embarques que terminarían en Ecuador, enfrentado con Perú, contradictor regional de Chile, país con el cual la presidencia Menem mantuvo estrechas relaciones que incluyeron tratados para cerrar 22 conflictos de frontera; la sanción de una ley de minería que permite la explotación de recursos compartidos en la cordillera que separa a Chile de la Argentina, y las polémicas obras de provisión de gas a ese país que canceló la administración Kirchner.
«Carapintadas»
En los embarques a Croacia tampoco se examinó el interés que tenía Estados Unidos en quebrar desde un tercer país el bloqueo a Croacia, en cuya guerra se habían reclutado algunos exoficiales argentinos identificados con los «carapintada» que se alzaron en los años 80 contra el Gobierno de Raúl Alfonsín. Esos oficiales si algo sabían era de armas del parque argentino que aparecieron en Croacia, como fusiles Fal y cañones Otto Melara. Se especuló en los momentos más activos de la pesquisa con que pudo haber un pedido informal de provisión a la Argentina de esos pertrechos. El Gobierno de los Estados Unidos emitió en su momento una declaración negando esa posibilidad.
La venta de material bélico a Croacia y Ecuador fue una operación que habría tenido lugar entre 1991 y 1994, pese a que esos países tenían vedada la compra de armamentos por estar en conflicto bélico y la Argentina era garante de paz de las Naciones Unidas. Croacia había sido embargada por la ONU a raíz del conflicto en los Balcanes.
Menem negó que supiera el destino de las ventas de armas cuyos decretos refrendó sobre la base de informes de los ministerios de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores. También se desentendió de las acusaciones de que pudo conocer algo de una presunta trama corrupta en las transacciones.
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