Decide Cámara respuesta al recurso oficial por La Rural

La Cámara Federal en lo Civil y Comercial ya estudia la impugnación presentada por el Gobierno en la causa abierta a raíz del decreto presidencial que anuló la venta del predio de la Sociedad Rural Argentina. La decisión se conversaba ayer por la tarde, y la duda pasaba por el momento conveniente para notificar al oficialismo. Los abogados del Estado recusaron al pleno de la Cámara por el sistema de subrogancias que implementó en dicho expediente. Al mismo tiempo, pidieron que la causa pasara al fuero Contencioso Administrativo. Ahora el debate volverá a la Corte Suprema, que es el tribunal de alzada de las instancias revisoras de ambos fueros.

Si bien la idea original, luego de estudiar el planteo del Gobierno, era esperar a febrero para contar con la presencia de la Cámara entera, una serie de llamadas y encuentros aceleró la situación y evidenció amplios consensos entre los jueces, a tal punto que se podría esperar una resolución unánime en el corto plazo. Será otra expresión de la soledad del oficialismo en una instancia que en los últimos días, y en dichos de la propia Cristina de Kirchner, se ha transformado en un poder paralelo y adverso. La presentación era revisada ayer por la Sala I que integran Francisco de las Carreras, Ricardo Guarinoni y Graciela Medina. En cuanto a la recusación por las presuntas irregularidades en las subrogancias, entienden que se trata de una mera cuestión de superintendencia y, más importante, una facultad delegada por la Corte. De hecho, ayer recordaban que años atrás cada juez decidía, a título personal, si deseaba permanecer en su despacho durante enero.

Con el Código Procesal en mano señalaban el artículo 17, donde se establece que las causales de recusación son de índole taxativo (por ejemplo, por amistad o enemistad), pero nunca por aspectos de superintendencia de la Cámara.

En cuanto a la competencia del fuero, rechazan el planteo de los abogados de la Jefatura de Gabinete, quienes alegan que, por discutirse un decreto presidencial, el debate pertenece al fuero Contencioso Administrativo, donde se juzga la constitucionalidad de los actos del Estado. Para los camaristas, más allá del acto del Poder Ejecutivo, la materia jurídica del debate es un contrato de compraventa entre partes y, según recordaban, la competencia de los fueros se define por este tipo de elementos.

Razonamientos y comentarios jurídicos que, se da por descontado, animarán diversas críticas y señalamientos teóricos a los abogados del oficialismo en la respuesta de la Sala I que ya está escrita. Una vez más, aunque nadie lo diga en voz alta, la pluma a cargo de la contestación será la de De las Carreras, el mismo camarista que frustró el tan promocionado 7D.

Una nueva excursión a la Corte no despierta buenos augurios en los letrados del kirchnerismo. La jurisprudencia del máximo tribunal no ofrece ejemplos de cambios de fuero, a no ser que se trate de razones sumamente excepcionales.

Tampoco existe demasiado crédito como para ir directamente a la Corte mediante el «per saltum», recurso que los ministros ya han rechazado en dos ocasiones en la puja por la ley de medios.

En sus acuerdos de los días martes los jueces ya han expresado su posición: «No más debates por medidas cautelares; a la Corte se viene con debates de fondo». Postales de un verano tan atípico como agitado en el ámbito tribunalicio.