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Decide el juez si Palacio sigue preso
Norberto Oyarbide
Por lo que se detectó hasta el momento, la funcionaria judicial de Misiones tuvo estas comunicaciones entre agosto y setiembre pasado, en un horario extralaboral (entre las 20 y las 22). De estas llamadas, la más comprometedora es la que González realizó el 5 de agosto pasado a última hora, un día antes de que se ordenara la pinchadura irregular al celular de Burstein.
La situación de la secretaria del juez Horacio Gallardo se complicó más aún con estos nuevos datos. González ya había sido citada a declaración indagatoria por el juez Norberto Oyarbide la semana pasada y no se presentó ni dio aviso de su ausencia. En cambio, presentó un pedido de inhibitoria contra el magistrado, argumentando que la investigación se debía tramitar en el Juzgado de Instrucción N° 3 de Misiones, a cargo del juez Fernando Verón, quien se declaró competente en la causa.
A pesar de la férrea negativa de Oyarbide de ceder el caso, la investigación en Misiones se siguió tramitando, a tal punto que el juez citó a James, procesado y con prisión preventiva por el magistrado federal.
Oyarbide no puede negarse al pedido del imputado, pero sí argumentar que no puede trasladarlo, actitud que adoptaron los jueces de Misiones cuando solicitó que enviaran los casetes con las escuchas y los expedientes en los que se ordenaban intervenciones. Las causas paralelas en Buenos Aires y Posadas amenazan así complicar más una investigación en la que no dejan de surgir nuevos elementos. Al no compartir un fuero estos dos juzgados, la competencia debería ser definida por la Corte Suprema de Justicia, una vez que llegue a esa instancia.
Ni si se prueba que el juzgado N° 3 también ordenó intervenciones irregulares como las de sus pares, Horacio Gallardo y José Luis Rey, un dato que circuló estos días por Comodoro Py, el caso quedaría en manos de Oyarbide, sino que se designaría a un conjuez para que lleve la investigación. La única alternativa es que la Justicia de Misiones delegue el caso por conexidad. En Buenos Aires sostienen que la pesquisa corresponde a la Justicia federal, porque se trata de un supuesto delito de intimidación pública, que además podría involucrar la connivencia de los jueces de Misiones, sobre quienes ya pesa un pedido que Oyarbide presentó ante la Cámara de Diputados de esa provincia.
El descubrimiento del cruce de llamados entre González y James dificulta más que se sostenga la versión de los funcionarios judiciales de esa provincia. Sostienen que todos, desde los policías que trabajaban con James y que están imputados por los mismos delitos que él, hasta los jueces fueron engañados por el supuesto espía durante dos años (como en el caso de Ávila) y sin haber pedido jamás la titularidad de los teléfonos que ordenaban intervenir, lo que es ya un argumento para destituirlos por mal desempeño.
Por su parte, el fiscal federal Jorge Di Lello se opuso ayer al pedido de excarcelación que presentó la defensa del ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios, quien permanece preso en Marcos Paz. Di Lello argumentó que su liberación significaba un eventual riesgo de «entorpecimiento» de la pesquisa, a pesar de que aclaró que el delito del que se lo acusa al ex comisario es excarcelable y no hay peligro de fuga ya que él mismo se entregó. Oyarbide definirá hoy su situación.
Palacios declaró el miércoles pasado que conocía desde 2003 y que había mantenido contacto con él hasta que lo entrevistó para ingresar a la Policía Metropolitana, de la que entonces era jefe, pero negó haber tenido relación con las escuchas a Burstein que James habría promovido al dar el dato falso de su teléfono. El ex jefe policial es investigado debido a que Burstein denunció un llamado anónimo en el que se le advirtió que Palacios lo habría estado espiando.


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