Con la votación de ayer en el Senado se abre un conflicto de poderes pocas veces visto en el Congreso. El Gobierno deberá decidir, a través de un veto presidencial cuando se apruebe la ley, si acepta beneficiar a una empresa y salvar así el honor de la Cámara de Diputados o escucha la explicaciones de Débora Giorgi, ministra del gabinete. El dilema se le presentará en la misma dimensión si la norma se aprueba sin el cambio polémico que excluyó a los acondicionadores de aire.
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