Declaración de guerra que impacta en la Rosada y Tribunales

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• DURANTE EL VERANO UN EQUIPO DE ASESORES DE CARRIÓ PREPARÓ LA ACUSACIÓN
Lorenzetti les envió cartas documento a Carrió y Servini de Cubría exigiendo que se retractaran de sus dichos. Fue poco antes de la presentación de la chaqueña a Diputados.

Si una bomba neutrónica hubiese detonado en pleno Palacio de Tribunales, no tendría el mismo efecto destructivo que el que tuvo en el cuarto piso de ese edificio el pedido de juicio político de Elisa Carrió al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. La diputada aliada a Cambiemos cumplió su amenaza en una declaración de guerra abierta, cuyas consecuencias no pueden ser aun avizoradas, sin tomar en cuenta la posición incómoda en la que queda la Casa Rosada tras la embestida de una legisladora representativa del oficialismo. La sorpresa del ingreso del pedido a la Cámara de Diputados causó un cimbronazo en buena parte del Poder Judicial, y logró que se rememorara -en los pasillos- las mismas sensaciones que hubo en la etapa en la que llovían juicios políticos a los ministros que integraron la Corte menemista.

La escalada tuvo un primer capítulo, horas antes, cuando el propio Lorenzetti envió sendas cartas documento a Carrió y a la jueza María Servini de Cubría por sus dichos de los últimos días referidos a ponerlo bajo sospecha por su accionar. Allí, las intimó a que en 24 horas se retractaran públicamente de sus declaraciones, bajo la advertencia de que les iniciaría acciones legales y con duros términos para ambas. Pese a que el pedido de jury era un secreto a voces (incluso frenado por el propio Mauricio Macri en julio del año pasado), el efecto concreto de su presentación alteró los ánimos y se convirtió en un parte aguas. Al cierre de esta edición no había habido ningún pronunciamiento corporativo sobre la acusación de Carrió que no sólo enlistó mal desempeño de funciones por parte del titular del máximo Tribunal, sino que desplegó una ristra de delitos a investigar, incluida la creación de una comisión especial parlamentaria que se aboque al caso. En el entorno de Lorenzetti, le bajaron el tono a la validez de las acusaciones de Carrió e insistieron en que pudo haber sido una reacción virulenta a la intimación judicial (cuyo plazo vence mañana) y que inaugurará una demanda por daños y perjuicios. Aun así fue interpretada como una jugada individual que habrá que ver por cuánto tiempo no salpica al propio Gobierno. El pedido de juicio político tiene un efecto de mácula que tiene como agravante abrir la puerta a los avatares de la política.

En su escrito, con promesa de ampliación, Carrió apuntó "mal desempeño, violación de los deberes éticos y la probable comisión de delitos y se agrega que el presidente del máximo tribunal no cumple con las condiciones de decoro y morales que exige la investidura del cargo que ejerce". La diputada retomó el discurso presidencial sobre "terminar con las mafias enquistadas en las instituciones de la República" para personificar en Lorenztti su combate, que hasta ahora no había excedido el límite de la pirotecnia verbal. En ese marco describió sus acusaciones en torno a seguros ambientales y empresas aseguradoras relacionadas, con presentación de pruebas diferida, pero además apuntó a "sociedades secretas" que ampararían la comisión de delitos.

Presentó también una lista (diversa) de testigos propuestos para sostener sus señalamientos que van desde los jueces Servini de Cubría y Ariel Lijo; pasando por el exsenador, Mario Cimadevilla; el exsecretario general de la Presidencia, Carlos Zanini, hasta el exministro, Julio de Vido. Miembros de la Auditoría General de la Nación, legisladores, exministros y hasta gobernadores completan la nómina de testimonios con los que Carrió pretende avanzar en la destitución de Lorenzetti.

Las acusaciones también son diversas: desde el manejo de fondos asignados al Poder Judicial hasta el control de las escuchas telefónicas, punto en común con la denuncia de Cristina de Kirchner. Divididos en dos grandes grupos, los que le adjudica por su gestión y los que les imputa a nivel personal, Carrió incluyó propiedades supuestamente no declaradas, contrataciones irregulares, faltas en la ejecución del presupuesto y desarticulación de auditorías. Intervención personal en causas, utilización de bienes decomisados y hasta negocios editoriales forman parte de las acusaciones que vieron la luz ayer, pero que vienen siendo parte de un enfrentamiento político cuya temperatura llegó ayer al punto máximo.

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