Los magistrados del máximo organismo judicial de Estados Unidos fallaron por unanimidad que la regla "una persona, un voto" no estaba en contradicción con que las circunscripciones electores se establecieran en función de su población total (incluidos menores, presos, excondenados e inmigrantes indocumentados), y no en función del número de habitantes con derecho de voto.
Los ocho jueces de la Corte Suprema debían responder la pregunta siguiente: ¿qué alcance tiene exactamente el término "una persona" en el principio fundamental "una persona, un voto"? En efecto, decenas de millones de niños, inmigrantes, presos, excondenados o minusválidos mentales no tienen derecho a votar en Estados Unidos aunque figuran en los censos a la hora de fijar el número de representantes que le corresponde a cada distrito.
"En nuestra democracia, cada voto debe contar. Estoy feliz de que la Suprema Corte haya confirmado este derecho fundamental", comentó Hillary Clinton, candidata demócrata a la elección presidencial.
"El veredicto representa una victoria para la igualdad en nuestro sistema político", se congratuló, por su parte, su rival interno, Bernie Sanders. Detrás de este debate se ocultan dilemas enormes, y sobre todo la representación de la población de origen hispano, que tiene un creciente peso demográfico. Actualmente la definición de las circunscripciones electorales realizada por los estados se basa en la población total: se cuentan, pues, todas las personas para diseñar el mapa de las circunscripciones electorales y fijar los representantes que les corresponden independientemente de si votan o no.
El fallo del máximo tribunal de ayer representa, así, una victoria para los activistas de los derechos civiles y las organizaciones de defensa de las minorías, que se habían movilizado para defender el statu quo. Y se trata también de un fracaso de los republicanos frente a los demócratas.
Los conservadores habían apelado a la Corte Suprema para pedirle que las circunscripciones electorales tuvieran en cuenta sólo a los potenciales votantes, lo que habría reducido el número de representantes de las circunscripciones en las que los presos, inmigrantes indocumentados y otras minorías no tienen derecho a voto, pero tienen un gran peso en la población total de ese distrito. La experiencia indica que esas circunscripciones donde habitan predominantemente latinos y afroestadounidenses suelen votar en su mayoría a los demócratas. La ofensiva conservadora contra la norma en vigor se tradujo en una demanda de dos ciudadanos de un distrito de Texas con una alta proporción de personas con derecho a voto. Sue Evenwel y Edward Pfenninger afirmaban que, en consecuencia, su voto se "diluía", contrariamente a lo que ocurriría con las circunscripciones con una elevada tasa de personas sin derecho a voto, en las que un número menor de votantes puede llegar a elegir un senador.
Si la Corte Suprema le hubiera dado la razón a Evenwel y Pfenninger, se habría reducido el número de circunscripciones mestizas urbanas, que tienen muchos habitantes que no están en condiciones de votar, entre ellos una fuerte proporción de hispanos, porque algunas de ellas no hubieran alcanzado el número de votantes necesarios para constituirse como tales. En contraste, las circunscripciones rurales y de los suburbios urbanos, con mayoría de población blanca, habrían resultado más numerosas.
Al final, el Partido Demócrata, tradicionalmente apoyado por los inmigrantes, habría resultado desfavorecido.
| Agencia AFP |
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