Demora el Gobierno despido en Economía por el pago ilícito

Juan C. Intelisano

El Ministerio de Economía entró ayer en estado de alerta por las repercusiones sobre el presunto pago de $ 54 millones por parte del Estado al grupo de aseguradoras Accolade Pool en 2007. Las denuncias presentadas por el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido, y el fiscal Raúl Plée en diciembre pasado generaron una tormenta que tiene al actual director de Administración, Juan Cayetano Intelisano, en el centro.
Ahora, frente a la explosión del tema, toda la línea del ministerio afirma que el Gobierno puede tomar medidas legalmente, pero la realidad es que tanto él como otra de las más implicadas en la denuncia, Yolanda Eggink (ex directora de Asuntos Jurídicos que actualmente tiene un cargo en el Ministerio de Planificación Federal), siguen trabajando en la función pública.
Es decir, Intelisano continúa cumpliendo las funciones que tenía a cargo antes, durante y después del supuesto pago (sólo renunció a su cargo político como subsecretario de Administración Patrimonial): él no sólo decide todos los gastos de la cartera, sino que también tiene acceso a la información que circula, incluso la que es en su contra y hasta el control de accesos al ministerio.
La historia de la remoción del director, sin embargo, no empezó esta semana, cuando el caso apareció en los medios: en marzo de 2008, Garrido presentó un informe sobre la investigación al procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, en el que se recomendaba iniciar acciones de recupero de dinero pagado y disciplinarias. Es decir, removerlo. Se respondió que para tomar alguna medida se debía informar a Cristina de Kirchner, ya que sólo se podía destituir al funcionario por decreto presidencial. Nadie notificó nada, y el informe durmió todo 2008.
El letargo burocrático fue tal que la FIA pidió una investigación sobre esta cuestión puntual, para que se informara qué habían hecho en el ministerio y la Procuración con Intelisano. Incluso hubo un supuesto proyecto de denuncia en su momento (que habrían discutido Fabián Musso -el abogado consultor que llega al caso de la mano de Alberto Fernández y funcionarios del área de legales), que luego fue desestimado. Si el propio Gobierno fue el que inició la investigación, ¿por qué no tomó ninguna decisión en todos estos meses?
En primer lugar, porque la investigación evidenció toda una estructura, que funciona hace años y que habría hecho pagos por casi $ 480 millones (más allá del desembolso ilegal indagado por la FIA). Una estructura que sigue vigente, más allá de los cambios de gestión, y de la que no se tiene idea cuántos casos similares puede llegar a haber ni a qué funcionarios implica, ni qué gestiones abarca: no se conocen las dimensiones que puede llegar a tener el escándalo. La FIA pidió que se realizara una auditoría en el ministerio, buscando casos similares durante los últimos cinco años, que ya se inició, pero que forma parte del secreto de sumario. El mismo sumario sobre la causa de los $ 54 millones se sigue engrosando con datos que llegan hasta hoy y que, según el ministerio, probablemente generen investigaciones derivadas. En Economía, los ánimos se alteran y todos empiezan a mirar de reojo: por el cargo de Intelisano pasó (y pasa) todo (incluso todo lo que llegaba por mesa de entradas) hace 30 años. Describen que Economía «está en estado de psicosis», desde que el caso salió a la luz.
Actividades
En segundo lugar, porque otro de los protagonistas de la denuncia, Johann Holjevac, no habría sido un gestor más. El empresario croata circula por los pasillos de Economía desde los 90, generando negocios en los que funcionarios del ministerio habrían «enjuagado» gran cantidad de dinero en causas judiciales, que muchas veces no se habrían debido pagar. Es más, Holjevac habría actuado como un virtual subsecretario (así se los apodaba), por el grado de injerencia que tenía en las negociaciones y decisiones de Intelisano.
Además de ser el dueño del Hotel Las Cumbres, en Punta del Este, entre los inmuebles del millonario gestor supuestamente se encontraría una propiedad en el Edificio Santa María, en Miami (que no está a su nombre, sino bajo el de una Sociedad Anónima llamada Wiunterbill) y otra inmensa en el Cerro de los Demonios (Laguna del Sauce). Holjevac es uno de los principales imputados en la denuncia de Garrido, en tanto representante y beneficiario del supuesto pago a Accolade Pool, junto con Paulo Andrés Borda, Walter Oscar Bonavera, Jorge Rodríguez y Darío Morresi.
Connivencia
Todos ellos habrían actuado en connivencia con funcionarios públicos para obtener el cobro ilegal en efectivo (otra rareza del caso), cuya gravedad escala hasta la acusación de lavado de dinero. Por otro lado, entre los señalados en las denuncias de Garrido y el fiscal Raúl Plée se encuentran, además de Intelisano y Eggink, el ex subsecretario de legal Osvaldo Siseles, el ex coordinador general del INDER, Edgardo Duilio López; la abogada del INDER, Silvia Macchi, y Gustavo Denis (quien habría calculado la suma de los $ 54 millones).
Por el momento, el único de los acusados que salió públicamente a defenderse fue Siseles, quien el martes pasado aseguró que no tenía nada que ver con la denuncia (el pago se efectuó un año y medio después de que él renunciara a su cargo como subsecretario), y apuntó a su sucesora Alejandra Tadei y al titular de la SIGEN de entonces, el albertista Claudio Moroni. Tadei (quien inició la investigación interna y denunció el caso Greco, en el que Eggink y Siseles están imputados) negó ayer la acusación en declaraciones radiales.
Pero en Economía ven cómo se acerca la tormenta: la causa recién va a empezar a avanzar en febrero, si es que la jueza a cargo, María Servini de Cubría, impulsa el tema y se empiezan a conocer más datos; por lo tanto, en el Ministerio recibe toda la atención. Por el momento, esa atención no generó demasiados cambios en la práctica.