Denuncia ahora contra decreto por seguridad

El abogado Eduardo Barcesat denunció ayer penalmente a Mauricio Macri por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que estableció la emergencia nacional en seguridad. El letrado considera que el Congreso no puede delegarle al Gobierno facultades para medidas de ese tipo.

La presentación recayó en el juzgado federal 4 de Ariel Lijo y denuncia también a Gabriela Michetti, al jefe del Gabinete, Marcos Peña, al ministro de Defensa, Julio Martínez, el de Justicia, Germán Garavano; del Interior, Rogelio Frigerio, y de Seguridad, Patricia Bullrich. Barcesat denunció que el decreto publicado el 22 de enero con las nuevas reglas de protección aeroespacial, que autoriza el derribo de aviones, "introduce subrepticiamente en nuestra legislación la pena de muerte, de tipo penal abierto y sin forma alguna de debido proceso judiciario".

"Se trata, como en toda la catarata de DNU emitidos desde el inicio del actual Gobierno nacional, de sortear la intervención del Poder Legislativo, estableciendo un mecanismo autoritario", formuló en la presentación.

"Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria" dice el escrito. En una presentación de seis carillas Barcesat estimó que "por hallarse reunidos los requisitos del artículo 294 del Código Procesal Penal", la Justicia deberá citar "a prestar declaración indagatoria a los denunciados, disponiendo su procesamiento en orden a las figuras delictivas reprochadas" y señala que "a mayor abundamiento, nada impedía o inhabilitaba al Poder Ejecutivo Nacional de convocar al Congreso de la Nación a período de sesiones extraordinarias, para tratar un proyecto de ley. Si no se ha obrado por la vía constitucional es a sabiendas que un cuerpo normativo del juez del introducido por este DNU difícilmente resistiría el control de constitucionalidad que debe ejercer, en primer término, quien tiene la competencia constitucional para emitir la norma".

El artículo de la Constitución citado dice que "el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna".