• AUMENTAN LAS INCÓGNITAS SOBRE PROYECTO PARA SUBIR JUBILACIONES La iniciativa establece a una quita de hasta el 4,5% en los salarios de planta permanente. Crece la desconfianza hacia el mayoritario sindicato APL.
Furia. Una seccional del gremio APES denunció que no fue consultada sobre el fondo compensador que impulsa el mayoritario gremio APL.
El polémico proyecto que crea el "Fondo Compensador de Jubilaciones y Pensiones" para la planta permanente del Congreso sumó otra sospecha: una seccional del minoritario gremio legislativo APES denunció que fue dejada de lado de la discusión del texto que acordó el mayoritario sindicato APL con la vicepresidente y titular del Senado, Gabriela Michetti, y el líder de Diputados y peronista con témpera PRO, Emilio Monzó.
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La iniciativa, presentada el jueves pasado por Michetti, Monzó y quien comanda APL, Norberto Di Próspero, tiene como finalidad "otorgar una prestación complementaria al beneficio previsional que perciban" los trabajadores de planta permanente, y también "un beneficio compensatorio en casos de pensión por invalidez, pensión por fallecimiento de jubilado o inválido y pensión por fallecimiento de empleado activo", tal como contó Ámbito Financiero en su edición del viernes último.
Para ello, los aportes de los empleados irán del 2% mensual para quienes tengan hasta 40 años, 3% (40 y 50 años), 4% (50 a 60 años) y 4,5% (60 a 65 años). Sin embargo, el beneficio por jubilación disparó varias incógnitas en empleados: quien haya aportado hasta un año, tendrá un extra en su jubilación del 10% del último salario, entre 1 y 2 años (11%), entre 2 y 3 años (12%), entre 3 y 4 años (13%), entre 4 y 5 (14%), y los de más de cinco años lograrán un bonus de 15%.
Por otra parte, y "a los efectos de la determinación de los años de aporte, las fracciones iguales o superiores a 15 días se considerarán como mes completo y fracciones iguales o superiores a 6 meses se considerará como año completo".
Los aportes también tienen una variable de dudosa argumentación: todos los meses, el Congreso deberá girar "3% del total de las remuneraciones de los trabajadores incluidos en el fondo compensador". Todos los fondos irán a un fideicomiso, cuyo agente fiduciario será un banco público.
El rol fiscalizador es otro punto que advirtieron quienes siguieron de cerca el nacimiento de esta ley: una comisión integrada por un representante del Senado, otro de Diputados, uno de la Biblioteca del Congreso y otro de la Imprenta, uno de la DAS y representantes "de cada una de las asociaciones sindicales con personería gremial en el ámbito" del Parlamento podrán "proponer la modificación de los aportes establecidos en el presente régimen con el quórum especial que establezca la reglamentación".
Desde la seccional Azul y Roja de APES (que simpatiza o al menos lo hizo durante varios años con el kirchnerismo) denunció "discriminación y exclusión" del acto del jueves pasado -se aplaudió varias veces en el Senado, algo que está prohibido- y manifestó que el proyecto no sólo es "abusivo y confiscatorio", sino que tienen "artículos ilegales e inconstitucionales".
La seccional de APES dijo que recurrirán a la Justicia si la iniciativa es convertida en ley, y llevarán "adelante las medidas necesarias para impedir que se descuente hasta un 4,5% más, además del 11% que ya se descuenta" de los sueldos de empleados de planta permanente.
Una mirada más fina del proyecto y las últimas declaraciones de Di Próspero (que se abrazó en otro momento al exvicepresidente Amado Boudou) marcan que el gremio APL apostará a la buena relación que cultivó con Monzó y Michetti -gran parte de los despedidos en el Congreso en 2016 retomaron sus funciones- para recategorizar a empleados y, en el mediano plazo, convertir a trabajadores de planta transitoria en permanente. De esa manera, el "fondo compensador" aumentará sus reservas.
La desconfianza sobre Di Próspero tuvo un pico de tensión en 2016, cuando Poder Ciudadano acusó al líder de APL de perseguir a empleados que presentaron un amparo judicial para que el Senado entregara una auditoría que ordenó Michetti sobre la sospechada obra social del Parlamento (DAS).
De hecho, los trabajadores no tienen la posibilidad de triangular los aportes y, en gran parte, abonan además una prepaga. A cambio del nuevo proyecto, APL se olvidará por ahora -aunque no en lo discursivo- de los pedidos por el 82% móvil.
