A lo largo de sus 47 páginas, el informe presentado ayer en Madrid y titulado "Venezuela, los rostros de la impunidad", recoge testimonio de abusos cometidos en las protestas entre febrero y julio del año pasado.
"Nos pusieron en posición fetal, arrodillados y nos golpearon, nos golpearon, nos golpearon. Salió un guardia y dijo que ni porque rezáramos al maldito Dios nos iba a salvar, que ése era nuestro último día. A mí me bajaron los boxers y me metieron algo por atrás", relató Juan Manuel Carrasco, de 21 años, detenido el 13 de febrero en Valencia, en el norte.
En algunos casos, "las fuerzas de seguridad torturaron a los detenidos con roce de corriente eléctrica en el cuerpo, asfixia con bolsa plástica en la cabeza y quemaduras con objetos punzantes", aseguró AI tras meses de entrevistas con más de 100 víctimas, abogados, defensores de los derechos humanos y testigos.
"Las autoridades venezolanas no investigaron la mayoría de las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar, ni las víctimas tuvieron acceso a la Justicia, ni a reparación ninguna", dijo Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, en una rueda de prensa.
La organización aseguró que la falta de respuesta de las autoridades ante los abusos y torturas dejó la puerta abierta a más episodios de violencia en el país.
La ONG afirmó haber recibido también "evidencias de material antidisturbios presuntamente alterado insertando cartuchos con municiones como bolas de vidrio conocidas como clavos o vidrios rotos con el objetivo aparente de causar el mayor daño posible".
Las protestas antigubernamentales estallaron el 4 de febrero de 2014 en San Cristóbal, en el oeste de Venezuela, por falta de seguridad entre estudiantes universitarios. Después derivaron en masivas movilizaciones callejeras en todo el país contra la situación económica y la escasez de alimentos, a las que se opusieron contramanifestaciones a favor del Gobierno de Nicolás Maduro.
Los enfrentamientos y la represión se saldaron con 43 muertos y 878 heridos, según cifras oficiales.
El informe de Amnistía Internacional denunció asimismo detenciones arbitrarias, como la de Marcelo Crovato, colaborador de la organización Foro Penal Venezolano, "cuando acudió a prestar sus servicios como abogado a la residencia de unos clientes" en Caracas, en abril del año pasado.
"La reciente detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, fue en circunstancias que parecen sugerir que habría una motivación política", agregó la experta en derechos humanos Nuria García, autora de la investigación.
"Las autoridades continúan intentando acallar las voces críticas", concluyó la organización.
| Agencias AFP y Reuters |
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