Uno de los participantes de la asamblea le confesó a este diario que «no llegamos al 14 de abril»; se refería a la fecha en que estaba previsto que la Iglesia presentara ante la sociedad su reclamo de más acciones para combatir la pobreza, su protesta por el flagelo que es la inflación para los sectores más carentes y otros pedidos en esa línea.
«Nos enteramos por los diarios; vamos a estudiarlo», fue el argumento que se escuchó ayer, tanto en la reunión de junta como en sendas reuniones previas que mantuvieron las dos líneas internas de la UIA (Industriales y Celeste y Blanca). El «ninguneo» fue tal que Héctor Méndez, Luis Betnaza (Techint) y Miguel Acevedo (Aceitera General Deheza) se abstuvieron de concurrir; la asamblea la presidió Federico Nicholson (Ledesma).
En realidad, lo que se quiso evitar son varias cosas a la vez:
Hasta ayer parecía que la Iglesia había logrado suavizar estas peleas más o menos sordas, pero la UIA fue la primera en romper la incipiente alianza empresarial; cabe recordar además que monseñor Jorge Casaretto -presidente de la Pastoral Social e impulsor del documento- había invitado también a la CGT y a la CTA a la firma del acuerdo, dos fuerzas gremiales pero sobre todo dos posturas políticas paradas en polos opuestos.
Los industriales consultados insistieron en que hoy «tenemos otras urgencias, como la inflación, la puja distributiva por pedidos de aumentos salariales, la inseguridad...». Todas esas cuestiones -según trascendió- conforman el nudo central de los contenidos del documento eclesiástico.
La intención de la UIA de despegarse de la iniciativa es tan obvia como que en el comunicado oficial distribuido anoche, en el que se relatan los tópicos abordados por la junta, la consideración del documento ocupa el último lugar del temario y se le dedica apenas dos líneas: «Documento del Foro de Habitantes a Ciudadanos. La junta le encargó al Comité de Presidencia de la entidad su análisis».
Después, un abogado de la UIA explicó los peligros que se ciernen sobre el empresariado en caso de aprobar el Congreso el proyecto de Ley Penal Tributaria, que aumenta las penas de cárcel para los evasores e incrementa la presión fiscal.


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