Río de Janeiro - El mayor golpe contra la corrupción policial de la historia de Río de Janeiro destapó ayer una alianza entre agentes y narcotraficantes que movía cifras millonarias e incluía la venta de armas a la mayor organización criminal de la ciudad.
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El operativo, en el que participan 600 policías civiles desde la madrugada para detener a cerca de 200 personas -entre policías militares y narcos-, volvió a poner sobre la mesa el grave problema de la corrupción de las fuerzas de seguridad en uno de los estados más castigados por la violencia, con una media de 15 tiroteos diarios.
Bautizada como "Calabar", en alusión al mayor traidor de la historia de Brasil, la investigación comenzó con la delación de uno de los implicados, que ahora se encuentra bajo un programa de protección de testigos.
La operación desarticuló la red que operaba en el Batallón 7 del distrito de São Gonçalo, en el que participaban el "cuerpo de élite" del destacamento y decenas de policías militares (estaduales) que recibían sobornos para facilitar la actuación de la mayor facción narco de la ciudad.
En la trama están involucrados alrededor del 15% de los 700 agentes que integraron el batallón entre 2014 y 2016, así como efectivos de las UPP (Unidades de Policía Pacificadora) de favelas como el gigantesco complejo de Alemão, una de las más conflictivas.
Según la investigación, los policías corruptos recibían al mes un millón de reales (unos 330.000 dólares) a cambio de evitar operaciones en más de 40 favelas y proteger la entrega de droga.
Policías y narcotraficantes se comunicaban con teléfonos móviles utilizados para evitar rastreos y organizaban los pagos.
Las entregas se realizaban semanalmente y en ocasiones el dinero se lanzaba durante la noche por las ventanas del destacamento policial, según consta en la investigación, que aportó también grabaciones de conversaciones telefónicas y videos en los que los policías llegan a amenazar a los narcos por el retraso en los pagos o les ofrecen armamento.
Los agentes serán acusados de corrupción y asociación ilícita, castigados con penas de 3 a 8 años.
Un informe de 2013 situó a Río de Janeiro a la cabeza en corrupción de la policía militar en Brasil: el 7,2% de los entrevistados cariocas en una encuesta nacional de "victimización" denunciaba haber sufrido extorsiones de agentes de ese cuerpo.
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