Desde ayer rigen las tarifas primaverales para luz y gas

Julio De Vido

Desde ayer rigen tarifas que se pueden denominar primaverales para el gas y la luz. Sólo están vigentes en agosto y setiembre e implican una reducción del 70% con respecto a los fuertes aumentos en esos servicios que se aplican desde noviembre de 2008 para pagar importaciones de gas y de combustibles líquidos. En junio y julio, en cambio, se pagan tarifas de invierno con un 100% de bonificación sobre los ajustes que alcanzan del 100% a más de 260% en los meses de temperaturas extremas. De octubre a mayo, las subas se pagan en su totalidad.

El Gobierno llegó a este enmarañado esquema en agosto del año pasado, cuando los usuarios de electricidad y gas habían recibido facturas escalofriantes por los aumentos, y se vio acorralado por el Congreso, en el que todavía tenía mayoría, la Justicia y las asociaciones de consumidores. En ese momento, el ministro Julio De Vido anunció que se les devolvería el dinero de los aumentos a los consumidores que ya habían pagado y se refacturaría a los que no lo habían hecho. También dijo que en agosto y setiembre se cobraría el 70% de los ajustes.

Las tarifas de invierno son la consecuencia de un mal cálculo oficial sobre el impacto de los aumentos en los meses de más frío, cuando el consumo residencial de luz y gas sube exponencialmente y en muchos casos no guarda relación con el poder adquisitivo de los usuarios ni con sus condiciones de vida. Una casa antigua en un barrio suburbano, ocupada por dos personas jubiladas, terminaba pagando más por el gas que un departamento en las zonas de mayor valor del metro cuadrado de la Capital Federal. Los consumidores de medios y bajos recursos que no tienen gas o que si lo tienen, no llevan la cañería más allá de la cocina, sufrieron también el impacto en las facturas de luz por calefaccionarse con radiadores eléctricos.

En ambos casos, el impacto de los incrementos para pagar importaciones se vio acentuado por el mayor peso de los castigos (al aumentar el valor del kilovatio y del metro cúbico sobre el que se calculan las sanciones) por consumir más que en el mismo período de 2003, situación que no cambió este año. En el caso del gas, los castigos también son recaudación para el Estado. En el caso de las eléctricas Edenor, Edesur y Edelap, en las únicas en que rigen las penalizaciones en el país, el dinero ingresa a las distribuidoras a cuenta de futuros aumentos de tarifas.

Confusión

Este intrincado esquema tarifario para la luz y el gas, sumado a las decisiones de la Justicia que sólo dictó medidas cautelares pero a 18 meses de los recursos de amparo no se pronunció sobre el fondo (si los aumentos son legítimos o no), alimenta la confusión de los usuarios. Máxime cuando hay localidades en todo el país, como Avellaneda o Quilmes, donde los fallos judiciales directamente prohibieron la facturación del cargo tarifario del gas creado por el Decreto 2.067.

En este intrincado escenario hay dos elementos más. En julio de 2008, el Gobierno anunció un aumento en el precio del gas para las petroleras que lo extraen, que en parte se destina al fondo fiduciario para la garrafa social, y otra suba que nunca se aplicó para las distribuidoras y transportistas de gas. La única gasífera que tuvo ajustes desde 1999 fue Gas Natural BAN, y la factura final es un 12% superior a la de MetroGas, por ejemplo, donde no hubo incrementos para el margen de la distribuidora.

Más allá del conflicto entre los accionistas de MetroGas y el Gobierno por un juicio en sede internacional, las demás distribuidoras y transportistas tampoco tuvieron una recuperación de ingresos. En parte, esa situación se explica porque el Gobierno todavía no pudo superar el problema que se creó con los aumentos desmesurados que imaginó, según lo transmitió, sólo alcanzaría a los más pudientes.

Importaciones

El otro aspecto no resuelto sobre todo en la suba del gas es que el Decreto 2.067 creó un cargo tarifario para pagar importaciones del producto y otras medidas que garantizaran el abastecimiento, por lo cual el defensor del pueblo y varios legisladores lo consideran un impuesto que debió haber pasado por el Congreso.

Un dato es que en junio de 2009, el Gobierno prometió mejorar con parte de lo recaudado la retribución a las petroleras, para parar el malhumor en las provincias petroleras. Lo cierto es que no hay datos sobre lo recaudado por el Estado por el cargo tarifario del gas, ni cuánto reciben las petroleras. A esto se le suma la declaración de De Vido del último viernes sobre destinar el cargo para darle gas al noreste argentino. Esto, que suma aun más confusión, parece una nueva intención del Gobierno de validar los aumentos de luz y gas a través de la Ley 26.095 de 2006, que permitía aplicar cargos en las facturas para ampliaciones de capacidad. Es como querer cambiar el Decreto 2.067 con una declaración periodística y otra manera de seguir creando confusión.