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Desvela a provincias la quita de subsidios
El exgobernador santafesino Hermes Binner fue uno de los que picaron en punta en la fijación de mayores tarifas eléctricas. Enojó con ello al Gobierno nacional. El cordobés José Manuel de la Sota parece decantarse por otra vía: iniciar un diálogo con la Casa Rosada.
Mientras tomaba forma la quita de subsidios a los servicios públicos, una de las primeras decisiones tomadas desde la administración central después del 23 de octubre, en algunas provincias ya avanzaban con nuevos incrementos. Así volvió a escena un histórico reclamo: la distribución desigual o discrecional de los fondos nacionales en el interior.
La reacción del Gobierno nacional no se hizo esperar, y las primeras provincias señaladas -específicamente por el Ministerio de Planificación- por haber anticipado subas en las tarifas fueron Santa Fe y Córdoba. La Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión de la cartera que comanda Julio De Vido aseguró a mediados del mes pasado que el subsecretario Roberto Baratta «les informó (a la EPE santafesina y la EPEC cordobesa) en detalle sobre la quita de subsidios a industrias y se les ratificó que en caso de aumentar sus tarifas se les recortará el subsidio del Estado nacional en la misma proporción».
Desde las filas del saliente mandatario socialista Hermes Binner confirmaron que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) oficializó la advertencia: si la EPE sube las tarifas, se cortará el subsidio que tiene sobre la compra de energía. En respuesta, Santa Fe evaluó, incluso, iniciar acciones legales conjuntas con Córdoba contra la gestión nacional.
Lo que no tiene vuelta atrás es la decisión de la Casa Gris de aumentar las tarifas de energía el 13,4%, desde este mes, y el 9,8% desde marzo. El subsidio del Gobierno central no incluyó nunca la distribución de energía local y así se justificó la necesidad del alza. El argumento, además, forma parte de un reclamo que arrastra la provincia por considerarse una de las más relegadas en las políticas nacionales. En Córdoba, en tanto, aunque la EPEC insistía con el pedido de una suba en la tarifa del 28% en dos etapas, la última palabra quedaría en manos del gobernador electo, José Manuel de la Sota, quien consideraría entre sus opciones postergar la necesidad de la empresa provincial a fin de promover una instancia de diálogo con la Casa Rosada.
El otro ítem es el transporte público, muy dependiente también de los subsidios nacionales pero no en igual medida que lo que reciben los servicios del área metropolitana. En las capitales provinciales, por caso, las tarifas del boleto de transporte público urbano ya sufrieron modificaciones. En la ciudad de Santa Fe y en la de Posadas empezaron a regir en noviembre subas en el pasaje. En la capital de La Rioja, por caso, ya está aprobado y se comenzará a aplicar a partir de enero. También las ciudades de Córdoba y Mendoza analizaban cuándo implementar los incrementos. En rigor, en esos últimos casos, el «cuándo» implica quién pagará el costo político: si los gobernadores salientes o los entrantes.
El secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, se ocupó de aclarar que la seguidilla de aumentos de los boletos urbanos en ciudades capitales del interior no responde a una merma de los envíos de fondos nacionales. Para el caso particular de Posadas, por ejemplo, indicó que «los aumentos que se registran en el transporte de pasajeros y que empezaron a regir hoy (por el miércoles 9 de noviembre) nada tienen que ver con la quita de los subsidios» que había sido anunciada por el entonces ministro de Economía y hoy vicepresidente Amado Boudou.
Desde la Casa Rosada se abrió la barrera y el alud no tiene vuelta atrás. Efectivamente, no se trata de un aumento de tarifas, aunque sin dudas impactará en el bolsillo de los usuarios. No del mismo modo, y tampoco con el mismo rigor en todo el país. Como casi siempre.