15 de julio 2016 - 00:00

Detienen al marido de Milagro Sala, que quedó imputado

Se presentó espontáneamente ante la Justicia luego de conocer la decisión del magistrado. Lo investigan por “asociación ilícita”.

Raúl Noro
Raúl Noro
 La Justicia jujeña ordenó la detención de Raúl Noro, el marido de la líder de la Tupac Amaru Milagro Sala, imputado en una causa por presunta "asociación ilícita".

Tras conocer la orden de arresto en su contra, Noro se presentó en los tribunales de forma espontánea, en el marco de una causa que investiga la extracción de fondos del Banco Nación destinados a la cooperativa Pibes Villeros.

Sin embargo, luego fue trasladado en ambulancia al hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy debido sus problemas de salud: allí se le realizaron estudios y quedó internado con custodia policial.

El juez a cargo de la causa, Isidoro Cruz, investiga el supuesto manejo irregular de fondos estatales destinados a cooperativas para la construcción de viviendas, una de las que complica a Sala, también detenida.

Meses atrás se difundió un video que mostraba cómo apoderados de la cooperativa Pibes Villeros, cercana a la Tupac Amaru, retiraban más de 15 millones de pesos en efectivo de la sede de un banco en Jujuy.

Antes de ser trasladado, Noro publicó un video en las redes sociales en el que negó las acusaciones en su contra y afirmó que en Jujuy "no hay garantías constitucionales" a partir de la asunción del radical Gerardo Morales a la gobernación.

"Estamos viviendo un Estado policial militar, igual que en la época del Proceso, pero restringido en este momento a la provincia de Jujuy. No hay garantías constitucionales, todo está inventado. Estamos en una situación... ni siquiera podemos trabajar tranquilamente con los abogados defensores porque hay sanciones hasta con los abogados defensores", afirmó el marido de Sala, que también está detenida desde enero pasado.

Según expresó Noro antes de concurrir a tribunales, con Sala eran "siete los compañeros detenidos" y ahora se sumaron "otros cuatro", él incluido, tras la nueva orden judicial.

En tanto, el ex gobernador Eduardo Fellner fue indagado ayer en el marco de una megacausa que investiga el supuesto desvío de fondos destinados a viviendas sociales. Ante la Justicia, Fellner deslindó responsabilidades en cuanto a los delitos que se le imputan por la firma de un decreto de 2007 en la provincia.

"Estoy tranquilo porque lo que pude declarar es la verdad de lo acontecido y se trata de cuestionamientos a un decreto de 2007 que tiene nueve años de vida y nunca nadie lo cuestionó. A partir de la interpretación que haga el fiscal, espero que esto cambie", expresó el exmandatario jujeño tras cumplir con el acto procesal.

Fellner estaba acompañado de su abogado Horacio Aguilar y declaró por espacio de una hora y media ante el fiscal Gustavo Araya, que lo imputó por "abuso de autoridad en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público, ambos concursados realmente con coautoría de fraude a la administración pública".

En la causa judicial se investigan presuntas responsabilidades de Fellner derivadas del decreto de 2007, sancionado durante su gestión, que creó la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) que administró los recursos presupuestarios provenientes de Nación y destinados a la construcción de viviendas sociales en Jujuy.

"Sostenemos que se trata de un decreto dictado en el marco constitucional y legal totalmente justificado, la motivación de ese acto administrativo es válido, legítimo", afirmó Fellner.

Exigencia

El exgobernador aseveró además que la creación de la UEP "era una exigencia de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación", consecuencia de continuos reclamos de trabajadores y cooperativistas ante el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy.

Consultado sobre su responsabilidad en el supuesto desvío de 1.200 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales, denunciado en febrero pasado por el Gobierno provincial, el exmandatario respondió: "Eso no forma parte de mi imputación".

El abogado Horacio Aguilar aclaró que los delitos que se imputan a su cliente "son calificaciones legales de un mismo hecho" y aseguró que el decreto dictado es un "acto jurídico legal y no puede dar lugar de ninguna manera a un delito por más que después se hayan cometido delitos con funcionarios o cooperativas".

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