DEUDA: Buitres van por más fragatas

En funciones como embajador en Estados Unidos, José Octavio Bordón llegó un día al consulado argentino en Washington y se encontró con que la puerta estaba atravesada por cintas de la Justicia norteamericana por un embargo de acreedores. Antes de que llegaran periodistas y fotógrafos, quitó las cintas -lo que en teoría era un delito- e ingresó al edificio. A las pocas horas, se revertía esa orden judicial dado que se trataba de un activo público no comercial. Bordón, pese a cortar cintas e infringir la ley norteamericana, podía estar tranquilo: un embajador no puede ser detenido (salvo causas específicas).

Con el caso del embargo de la fragata Libertad sucede lo mismo, de acuerdo con el argumento del Gobierno argentino, dado que no se trata de un activo comercial. Pero más allá de cuestiones legales y leyendas del caso -como la eventual seducción que habrían efectuado fondos buitre al tribunal de Ghana que realizó el embargo-, quedó en claro que el accionar de los acreedores de la Argentina tras el default se mantiene firme. No tienen apuro: apuestan incluso a que el próximo Gobierno argentino que surja en 2015 les otorgue el 100% de sus reclamos, equivalente a u$s 8.000 millones más intereses (o un monto cercano).

Hay otro caso más relevante que la fragata Libertad por definirse en los tribunales norteamericanos y que puede traer más dolores de cabeza al país. Se trata de la demanda que en la jerga se conoce como "pari passu", en la que fondos buitre piden trato igualitario en el pago de los bonos.

Hoy, la Argentina cumple con los tenedores de papeles que ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010; no con aquellos que quedaron fuera, obviamente, entre los que se hallan los fondos buitre, como Elliot Associates. La relevancia de esta causa es que, en primera instancia, y contra todo lo supuesto, los demandantes lograron sentencia a su favor y está pendiente la definición de la apelación. En el Ministerio de Economía son optimistas en que la sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa será revertida. Cuentan con el apoyo del Gobierno norteamericano que hiciera una presentación en la causa bajo el esquema de "amicus curiae", señalando que una confirmación de la sentencia acabaría con todas las reestructuraciones de deuda que se hagan en el mercado financiero internacional. Lo mismo hizo The Clearing House Association, la caja de valores de mercados del exterior, que vería afectados todos los pagos de la deuda.

Si se llegara a fallar a favor de los fondos buitre también en segunda instancia, ello obligaría a que pagos de bonos que hace el Gobierno en el exterior (Par, Discount, Boden, Global; GDP warrant) sean capturados y los fondos obtenidos distribuidos a prorrata entre todos los acreedores, tanto los tenedores de bonos surgidos de los canjes como los que rechazaron los acuerdos. Ello haría desplomar los títulos de la deuda argentina. No ha ocurrido pese a la amenaza, por lo que puede inferirse que el mercado apuesta a una resolución favorable a la Argentina. Igual, el Gobierno tiene un plan B: que todos los pagos se hagan en dólares en la Argentina, algo poco apetecible por cierto para los tenedores extranjeros de papeles, más aún si se mantienen las limitaciones de giros al exterior. Más allá de ello, se percibe animosidad contra la Argentina en los estratos judiciales. Una jueza de la Cámara de Apelaciones señaló en la última audiencia: "Nadie que sepa leer le volvería a prestar plata a la Argentina".

Por último, una sentencia adicional que está pendiente: una demanda por contaminación de Maxus (cuya propiedad era de YPF) por cerca de 5.000 millones de dólares, también en tribunales norteamericanos.