La mayor empresa del país es investigada por sobrevalorar contratos con más de una veintena de constructoras y desviar los sobornos para beneficiar a exdirectivos de la compañía y políticos, la mayoría de la base aliada al Gobierno de Rousseff. "Yo, sin pruebas, no diría que ella (la mandataria) tiene responsabilidad directa y, sinceramente, hago fuerza para que no sea así. Pero ella tiene responsabilidades políticas y administrativas. No hay cómo ella pueda ser exenta políticamente", subrayó Silva.
Sin embargo, la exministra de Medio Ambiente durante el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, descartó un pedido de destitución de Rousseff, como vienen promoviendo en el país movimientos opositores. "La legislación brasileña dice que es necesario tener un vínculo directo para la destitución y no podemos tener una actitud frívola ante eso", indicó la ambientalista, quien militó en el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), formación que dejó por diferencias ideológicas con sus correligionarios. Para la exsenadora, "la sociedad tiene todo el derecho de manifestarse, porque fue engañada cuando negaron los problemas y no hicieron lo necesario para resolverlos, pero una protesta no puede anticipar lo que la Justicia no concluyó.
"Algunos políticos están intentando instrumentalizar la crisis, en vez de resolverla. En la democracia no se resuelve la crisis pasando por encima del proceso constitucional", añadió la política, quien admitió que paga "cierto precio" por no defender la destitución de Rousseff.
En ese sentido, puso como ejemplo al expresidente Fernando Henrique Cardoso, que a diferencia de sus correligionarios del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) se opone a la destitución de Rousseff. En una entrevista concedida esta semana a la revista alemana Capital, Cardoso reiteró su posición contraria a la destitución y manifestó que Rousseff era una "persona honrada", que heredó la práctica de corruptelas en el Gobierno de su antecesor y político Lula. No obstante, Cardoso señaló que Lula no debería ser encarcelado, aunque después aclaró a medios locales que es la Justicia la que debe determinar o no el grado de participación del exgobernante en el escándalo.
| Agencia EFE |
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