Dime quién eres y te diré cuánto te transfieren

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Recientemente, algunos gobernadores se reunieron en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en virtud de acordar aspectos relativos al conflicto suscitado por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, originado en 2020. Uno de los puntos en común fue solicitar a la CSJN ser aceptados como “amicus curiae” del máximo tribunal, como también manifestaron su preocupación por el fallo de la Corte en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes.

En principio, se vislumbra el juego normativo constitucional en pugna por la transferencia de recursos, como también la aplicación de la Ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos que promueve la distribución primaria y secundaria. Esto no es sorprendente, la continua discusión sobre la coparticipación entre los gobernadores y el Gobierno Nacional conlleva ni más ni menos que la distribución del porcentaje de los recursos que se asigna a cada jurisdicción.

En este aspecto, la historia habla por sí sola. La Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales fue sancionada en 1988, estableciendo el régimen transitorio de distribución de recursos fiscales entre la Nación y las Provincias. El objetivo fue y es moderar los desequilibrios y asegurar un conjunto de bienes y servicios para todos los habitantes, remarcando la igualdad de trato en lo referente a la prestación de esos servicios provinciales a todos los habitantes de la Nación.

De esta manera, el monto total recaudado de la masa de fondos a distribuir corresponde en un 42,34% a la Nación y el 54,66% al conjunto de las Provincias adheridas. El 2% para el recupero del nivel relativo a determinadas provincias y el 1% para el Fondo de Aportes del Tesoro de las provincias.

En aquel momento, a la Nación le correspondía participar de su 42,34% al Territorio Nacional de Tierra del Fuego y a la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, el Decreto 702/99 fijó la participación que le corresponde a la Provincia de Tierra del Fuego en un 0,70% del monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2 de la Ley 23.548 y sus modificatorias y, por Decreto 705/2003, en un 1,40% a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego por Decreto 194/2016 se estableció que el porcentaje de distribución que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto del monto total recaudado sería del 3,75% (conf. artículo 2 de la Ley 23.548).

Este aumento de porcentaje movió el avispero de las provincias y, con el cambio de gestión, repercutió en la Nación con el nuevo Ejecutivo. Tal es así que, en septiembre de 2020, el Gobierno Nacional retrajo el porcentaje percibido por la Ciudad de Buenos Aires enviando al Congreso el proyecto de ley que se aprobó en diciembre de ese año.

Dicho esto, ¿podemos acercarnos a una conclusión reveladora cuando han pasado más de 20 años desde que se instruyó que, antes de la finalización del año 1996, debía establecerse un régimen de coparticipación? Está claro que los criterios objetivos de reparto como la equidad, solidaridad y prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional son, a esta altura, insostenibles.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó, en casos vinculados a esta problemática, algunas consideraciones interesantes. Así, el máximo tribunal hizo lugar a las demandas planteadas por las provincias de Santa Fe y San Luis y ordenó al Estado Nacional, con carácter de medida cautelar, suspender los descuentos que se efectuaban a la provincia de Córdoba relativa a fondos de coparticipación federal de impuestos. Le ordenó al Poder Ejecutivo Nacional la devolución de porcentajes que habían sido detraídos de la masa coparticipable que afectaban porcentajes de la recaudación a la gestión de la Administración Federal de Ingresos Públicos, y aquellos referentes al déficit en el sistema de la seguridad social, que en 1994 había sido modificado estructuralmente (Ley 24.241). Esta devolución de los fondos a la masa coparticipable fue consolidada mediante el dictado del Decreto N° 406/2016.

Asimismo, la CSJN hizo lugar a la medida cautelar interpuesta por la provincia de Entre Ríos y otras provincias para que se suspendan los efectos de los Decretos 561/2019 y 567/2019, que modificaban el régimen de ganancias y de IVA, impuestos coparticipables. Dicha provincia se opuso a las regulaciones tendientes a rebajar el Impuesto al Valor Agregado sobre ciertos productos de la canasta básica y a diferir el pago de anticipos del impuesto a las ganancias, y otras medidas similares, produciendo el menoscabo en la recaudación de la masa coparticipable.

La provincia entendió que tales normas violaban el sistema de derecho intrafederal basado en el federalismo de concertación, propio del régimen de coparticipación tributaria vigente, produciéndose de este modo perjuicios económicos al erario provincial.

Puede observarse que el análisis de la normativa sancionada y luego modificada o ampliada en materia de coparticipación federal, trae consigo una interpretación que sobrevuela el instrumento utilizado, puesto que lo que en definitiva siempre se cuestiona son las consecuencias y no su validez legal.

Madura una opción donde la política en esta materia exhibe su fracaso. La Ley de Coparticipación data de varios años, incluso antes que la Ciudad de Buenos Aires fuera dotada de su autonomía. La institucionalidad argentina nos demuestra la imperiosa necesidad de una nueva ley que además termine el proceso de autonomía porteña. Es tiempo entonces de incorporar las normas pensando en esquemas superadores que, con madurez en el sistema tributario federal equilibrado, respeten las autonomías provinciales.

(*) Posgrado en Administración Tributaria SubNacional. Especialización Derecho Tributario (UBA), Prácticas de Posgrado Universitario - American University Washington Collage of Law. Docente UBA. Docente UNSO. Actualmente Subsecretaria de Ingresos Municipales -Ezeiza.

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