La reforma autoriza a la Policía a registrar el equipaje de los refugiados y hacerse con el dinero en efectivo que supere las 10.000 coronas (1.340 euros) y los efectos personales cuyo valor supere el mismo umbral.
Además, los demandantes de asilo que gocen de una protección menor, es decir los que huyen de la violencia en general y no de una amenaza contra su persona, deberán esperar tres años antes de pedir el reagrupamiento familiar, y no uno como hasta ahora. El examen de su solicitud puede durar luego varios años, y los refugiados deberán costear el viaje de su familia. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) dijo que el texto alimenta "el miedo y la xenofobia", y la confiscación de bienes fue comparada por la oposición y ONG humanitarias con la expoliación que sufrieron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
| Agencias AFP y EFE |


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