Diputados aprobó el tramo "light" de reforma judicial

Julián Domínguez comandó ayer la sesión que aprobó los tres primeros proyectos de la reforma judicial. Elisa Carrió estuvo a la cabeza de las críticas contra el kirchnerismo.

Diputados aprobó anoche el primer paquete de los tres proyectos que integran la reforma judicial que ingresaron por esa Cámara. Sancionó por 133 votos a favor y 109 en contra el proyecto que modifica el régimen de ingreso de empleados en el Poder Judicial (estableciendo un sistema de concursos y listado de aspirantes), por 136 votos positivos contra 106 la ley que regula la presentación declaraciones juradas de funcionarios, y por 140 votos a favor y 101 negativos el que obliga a la publicidad de fallos y causas de los tribunales de alzada.

El debate por momentos adelantó al que se espera para la semana próxima (el match de fondo que será sin dudas más duro) sobre Consejo la Magistratura y cautelares; incluyó los tres temas en discusión al mismo tiempo. Pero la votación final fue por separado.

El debate comenzó a las 12.15 con quórum del kirchnerismo y un minuto de silencio , pedido por el radical Miguel Bazze, en memoria de los muertos en las inundaciones de La Plata y la Capital Federal.

Desde el inicio, los bloques del radicalismo, el PRO, el Frente Amplio Progresista y el Frente Peronista se alinearon tras un dictamen de rechazo en conjunto, mientras que la Coalición Cívica fue con su propio despacho. Jorge Yoma, presidente de la Comisión de Justicia, anunció también su voto en contra.

La defensa de los proyectos estuvo a cargo, entonces, de Diana Conti: "El Poder Judicial debe ser democratizado, plural, no debe ser corporativo, no debe ser de una gran familia, debe tener vocación de resolver conflictos. Creemos que están en deuda con eso y queremos proponer medidas tendientes a provocar esa democratización".

Después de ella, Yoma, dio los argumentos en contra: "Obviaron a Justicia, seguramente no hubo ningún tipo de intencionalidad. Que no sea que deriven a la Comisión de Turismo una reforma constitucional".

Fuera del recinto, Julián Domínguez, presidente de la Cámara, fijaba la posición del oficialismo: "Quien debe garantizar el acceso a la Justicia en igualdad de condiciones, tras 30 años de democracia ininterrumpida, es el Estado", dijo.

Y adelantó postura para el debate que llegará la semana próxima a esa Cámara: "El Consejo de la Magistratura debe expresar la voluntad del pueblo de la Nación canalizada a través de los partidos políticos", dijo; "el proyecto que regula las medidas cautelares respeta el Pacto de San José de Costa Rica y todas las cláusulas de la Constitución nacional".

Enfrente, Ricardo Alfonsín se lamentó: "Tal vez la ley la puedan aprobar, pero lo que no van a aprobar es la prueba en las elecciones". Felipe Solá lo siguió, aclarando que la ley de ingreso igualitario al Poder Judicial "es inconstitucional. También, poner que la Corte Suprema tiene la obligación de poner todos sus fallos y acordadas en internet es una gilada, porque ya están".