- ámbito
- Edición Impresa
Diputados aprobó la reforma impositiva que pide Scioli
A fuerza de intensas negociaciones, finalmente el oficialismo logró conseguir el quórum necesario de 47 legisladores para habilitar la sesión, de la mano de 45 legisladores del bloque Frente para la Victoria-PJ y la decisión de sentarse en sus bancas de Hugo Bilbao (Buenos Aires Federal) y del titular del bloque de la Concertación, el cobista Patricio López Mancinelli (quien finalmente votó en contra del proyecto).
La aprobación, luego, fue sólo un trámite fugaz, de la mano de la salida del recinto de los legisladores de la UCR, el GEN, el PRO, la Coalición Cívica y el peronismo disidente, disconformes tanto con la letra chica del paquete fiscal como con el apuro del Gobierno para sancionar la ley.
La actitud de López Mancinelli, que le permitió al oficialismo acceder al quórum, disparó una fuerte polémica e, incluso, terminó partiendo el bloque que responde al díscolo vicepresidente Julio Cobos.
De hecho, el legislador fue expulsado de ese bloque, por lo que la presidencia de la bancada quedó en manos de Griselda Petri. «Es vergonzoso que un diputado de Cobos haya permitido sancionar el impuestazo de Scioli», dispararon ayer desde la Coalición Cívica.
Junto con López Mancinelli, rechazó el texto -en sintonía con su alineamiento con el campo, y a contramano de la postura del oficialismo- el despedido ministro de Asuntos Agrarios Emilio Monzó (aunque sí habilitó el quorum). Ese buen diálogo con el agro le valió, precisamente, su intempestiva salida del gabinete de Scioli por expreso pedido de Néstor Kirchner.
El proyecto de ley impositiva 2010 -que también contempla medidas fiscales para ser aplicadas este año, y que ayer sufrió algunos retoques en materia del nuevo impuesto a los puertos, aunque no sustanciales- fue girado para su sanción definitiva al Senado, cámara donde el oficialismo pisa mejor y que ayer le dio estado parlamentario.
El paquete fiscal contempla aumentos en los impuestos Inmobiliario Urbano y Rural y Automotor, la creación de un tributo «a la herencia», para el caso de que haya más de tres millones de pesos en juego; un nuevo gravamen para la carga y descarga en puertos, y el pago de Sellos a la compra de autos usados, entre otros ejes.
También otorga exenciones a más de 900 mil familias en el Impuesto Inmobilario Urbano y apuesta a darle a ARBA la potestad por ley para secuestrar, sin orden judicial, vehículos con deuda de Patente.
La embestida oficial, en el marco de las urgencias financieras que atraviesa la provincia -que prevé un déficit a fin de año de cerca de más de $ 5 mil millones- despertó fuertes cuestionamientos desde el campo.
Las críticas apuntan tanto a la suba del Impuesto Inmobiliario Rural (aunque habrá exenciones en 12 municipios del sudoeste provincial) como al nuevo tributo sobre los puertos que, advierten, impactará sobre los productores.
Ayer, el malestar fue amplificado desde la Mesa Agropecuaria Provincial, que mostró su «más absoluta oposición» y consideró que «las nuevas medidas provinciales instan a poner punto final a la paciencia que el campo ha tenido con esta administración».
En esa línea, exhortó -sin éxito- a los legisladores bonaerenses «de todos los partidos políticos a rechazar la imposición de este nuevo atropello a la producción y al trabajo, por regresiva, arbitraria y confiscatoria». En paralelo, no dudaron en hablar de «otra retención (encubierta), que recae mayoritariamente sobre los productores agropecuarios».
En este marco, voces críticas comenzaron a organizar ayer un encuentro multisectorial contra el paquete fiscal, que fue convocado para mañana en el Consorcio de Administración del Puerto de Bahía Blanca y que espera contar con entidades del agro, empresas que operan en puertos, diputados opositores e intendentes críticos.
Dejá tu comentario