Diputados declaró el reclamo por Malvinas como política de Estado

Agustín Rossi, Juliana Di Tullio, Facundo Moyano, José María Díaz Bancalari y Rubén Sciutto levantaron la mano para reclamar la soberanía de las islas.

La Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad la Declaración de Ushuaia que denuncia la militarización del Atlántico Sur y declara el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas como una política de Estado. Todos los bloques apoyaron las iniciativa que ya había sido aprobada por el Senado de cara al 30° aniversario de la guerra que se recordará el próximo 2 de abril en Tierra del Fuego en un acto encabezado por Cristina de Kirchner.

A pesar de la adhesión de todas las bancadas, no fue sencillo negociar el contenido de la Declaración de Ushuaia. O al menos sus formas. Como adelantó este diario, la oposición pidió que se excluya de la versión original cualquier referencia a los nombres propios de la Presidente y del canciller, Héctor Timerman, para que todas las menciones de los reclamos fueran de carácter institucional a través del Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ayer en el recinto, el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, el kirchnerista mendocino Guillermo Carmona, juzgó que la soberanía argentina sobre las Malvinas es un «objetivo irrenunciable» y resaltó los «importantes respaldos nacionales e internacionales» conseguidos en este sentido en los últimos años. «La Declaración de Ushuaia fija como objetivo irrenunciable el derecho a recuperar la soberanía sobre las islas Malvinas, respetando el modo de vida de los actuales habitantes», declaró Carmona al abrir el debate en el recinto sobre esa cuestión, en su carácter de miembro informante.

El debutante Julio Catalán Magni, diputado fueguino del Frente para la Victoria que asumió en diciembre pasado, pronunció por primera vez un discurso en el recinto: «Para avanzar en el reclamo de soberanía también fue necesario, como paso previo, analizar las atrocidades cometidas puertas adentro en la época de la dictadura. Una de las acciones más valiosas que ha llevado a cabo este Gobierno con respecto a Malvinas es que no pateó la pelota afuera. Focalizó tanto en el ímpetu colonialista de Inglaterra como en los procesos internos que han llevado nuestro país a perder en guerra varios cientos de héroes que hoy estamos recordando y lamentando. Una nación avanza observando y aprendiendo a superar sus propios errores».

Desde la UCR, Ricardo Alfonsín, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, aprovechó para reclamar que Timerman «explique por qué la reglamentación que hizo el Poder Ejecutivo desvirtúa la ley que establecía la prohibición a las empresas que tienen permiso de pesca en la Argentina de tener relación económica, comercial o de beneficio con empresas o barcos que estén pescando en Malvinas sin autorización».

Desde Compromiso Federal-Unir, Alberto Asseff les dedicó un tramo de su discurso a los kelpers: «No los reconocemos ni como parte ni como entidad política o institucional. Los reconocemos como una comunidad de gente. Son una asamblea comunitaria. Los debemos tratar como posibles argentinos, pues bastaría que pidan el DNI para que lo sean, según nuestra ley. Los isleños están a un tranco de ser argentinos nativos. No lo debemos olvidar». La voz del Frente Amplio Progresista estuvo a cargo de Claudio Lozano (Unidad Popular): «Para incidir en las relaciones de poder que hoy rigen el mundo obligando a Inglaterra a discutir sobre la soberanía de Malvinas, es indispensable establecer una estrategia integral y sistémica que vincule nuestra política externa con la que desplegamos al interior de nuestra frontera. En este sentido sostenemos que, del mismo modo que las Malvinas son argentinas, la Argentina también. Es incomprensible entonces que empresas que operan en nuestro territorio como la British Petroleum, la Barrick Gold o el Banco Barclays operen en la Argentina mientras participan en actividades económicas en la zona de Malvinas».

La iniciativa sancionada anoche en Diputados declara la «legítima e imprescriptible soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, tal como lo establece la Disposición Transitoria Primera de la Constitución nacional, en su condición de partes integrantes del territorio nacional».

Además, expresa la «total convicción acerca de la situación colonial» de las islas, que «afecta la integridad territorial de la República Argentina y de que la disputa entre los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía sobre esos territorios debe resolverse pacíficamente, de acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas».

Y reafirma, en tanto, «la vocación por el diálogo y la paz de la República Argentina respecto de las islas Malvinas».