Cambiemos no pudo aprobar ayer en Diputados el proyecto que establece un régimen de responsabilidad penal para delitos cometidos "por sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, mutuales, cooperativas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal" contra la administración pública.
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Tras dar inicio a la sesión con el quórum justo -ayudó el serpenteante massismo- y discutir por varias horas el proyecto, la iniciativa fue votada en general la y obtuvo 131 adhesiones -dos más de las necesarias-, contra 63 votos negativos y siete abstenciones.
Sin embargo, el oficialismo fracasó al iniciar el debate en particular del articulado y pidió, vía Elisa Carrió (Coalición Cívica), un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo. Así, la sesión se reanudará a las 10.
La iniciativa, que apunta a cumplir con las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se trabó en el artículo 1, tras cambios que se hicieron en el recinto. Ello generó un revuelo entre todos los bloques e incluso inquietó al titular de la Cámara, Emilio Monzó.
De cara al próximo miércoles, donde se espera que Cambiemos y la oposición logren consensuar antes un texto final, los bloques discutirán en especial sobre el último artículo del dictamen de mayoría -el 37-, que impone que las personas jurídicas "podrán solicitar el acogimiento voluntario a un acuerdo administrativo de colaboración eficaz" por "hechos anteriores a la sanción de la presente ley".
Si la iniciativa llegase a buen puerto, esa negociación será llevada adelante por la Procuración del Tesoro y con la conformidad de la Sindicatura General de la Nación. Es decir que, para esos casos -como por ejemplo, Odebrecht-, no intervendrá la Justicia penal, que sí se ocupará de quienes sean alcanzadas desde la sanción del proyecto.
Con la caída de la sesión también se frustró la posibilidad de convertir en ley el proyecto que limita las excarcelaciones a los condenados por delitos graves y gravísimos, que volvió del Senado con modificaciones.
El texto completa la lista de delitos graves que se incorporan al artículo 56 bis de la ley de Ejecución de la Pena (24.660) y al artículo 14 del Código Penal, por los cuales no podrán concederse beneficios como las salidas transitorias o la libertad condicional: homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual, trata de personas, narcotráfico, financiamiento del terrorismo, contrabando agravado, secuestro extorsivo seguido de muerte, tortura seguida de muerte, robo con armas en banda y en des-poblado, así como el agravante previsto en el artículo 41 quinquies del Código Penal para los delitos que sean cometidos con el fin "de aterrorizar a la población".
Otras de las modificaciones incorporadas aseguran la imposibilidad de conceder salidas transitorias o la semilibertad a quienes tuvieran una condena pendiente total o parcialmente. En virtud de ello, por ejemplo, quienes cometan un delito durante el curso de la libertad condicional o una salida transitoria, no tendrán acceso a los beneficios.
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