Diputados ya tiene lista nueva ley contra el lavado

Julio Alak

Mientras el GAFI se reúne en París para discutir los problemas por la falta de aplicación plena de la ley contra el lavado dinero en el país, en el Congreso, la oposición y el oficialismo, por su lado, avanzan a marcha forzada para terminar de consensuar un dictamen para reformar esa norma, modificando el tipo penal de lavado (independizándolo de la figura de encubrimiento) y las funciones de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Curiosamente, los asesores de todos los partidos trabajaron durante todo enero para tener listo ese dictamen y esta semana estaría listo el proyecto. De todas formas, la propuesta está lejos de la redacción que pidió el Gobierno en cuanto al funcionamiento de la UIF, aunque sí hay acuerdo completo en la reforma al Código Penal.

Ya en el momento de enviar el proyecto del Poder Ejecutivo al Congreso, Julio Alak, ministro de Justicia, explicó: «El proyecto propone que el lavado sea castigado directamente con penas de prisión, sin la necesidad de que exista un delito precedente, eliminando la restricción existente en la legislación actual para el juzgamiento y la condena del delito de autolavado».

De acuerdo con la Ley 25.246, sancionada el 13 de abril de 2000, se puede penar con de 2 a 10 años de prisión el lavado de dinero, pero «para castigar el lavado tiene que demostrarse la existencia de un delito preexistente, por ejemplo el narcotráfico», dijo entonces Alak.

Límites

En ese punto no hay diferencias y el dictamen de mayoría que se conocerá este jueves en Diputados poco difiere de la posición oficial. El problema se presenta con la UIF y en especial con los límites que se quieren establecer al funcionamiento del organismo.

Mientras el Gobierno propuso ampliar las atribuciones de la Unidad de Información Financiera incorporando la facultad de presentarse como querellante «donde se investiguen los delitos que habilitan su intervención».

La oposición, por el contrario, propone una UIF más chica, pero efectiva y todavía se discute, curiosamente dentro del Grupo A, si el cargo de director de la UIF, que hoy tiene José Sbatella, debe elegirse por concurso o a propuesta directa de la oposición.

El apuro en el Congreso por avanzar con una reforma a la Ley de Lavado de Dinero comenzó el año pasado, precisamente después que un lapidario informe del GAFI sobre la Argentina, donde se relataba que el país no mostraba avances en la aplicación de la legislación en contra del lavado. Decía el organismo lo que medio mundo le critica a la Argentina: no existe registro de ningún caso de detención y juzgamiento por lavado de dinero, algo que resulta por demás sospechoso.

Esa evaluación del GAFI llevó a que Alemania recomendara a sus bancos y empresas, por ejemplo, limitar las operaciones financieras con el país.

Proyectos

Aparecieron, entonces, proyectos desde el Poder Ejecutivo y en la propia oposición: uno de Héctor Piemonte, auspiciado por Elisa Carrió en la Coalición Cívica, y otro de Gustavo Ferrari del Peronismo Federal, que logró el apoyo de Federico Pinedo, pero no del radicalismo, ante la negativa de Ricardo Gil Lavedra.

El debate se demoró por diferencias de giro en las comisiones hasta que finalmente todo se encauzó en la de Legislación Penal, donde se creó una subcomisión de asesores que esta semana tendrá listo el dictamen.