Divide al campo proyecto para reducir retenciones

Eduardo Buzzi

Mientras siguen trabadas las negociaciones con el Poder Ejecutivo, la Mesa de Enlace tampoco logró alcanzar un acuerdo interno para que las cuatro entidades del campo apoyen en forma conjunta un proyecto de ley creado por la Federación Agraria, que propone reducción y segmentación de las retenciones.

El problema se centra en que los sectores que representan a productores de mayor escala (Confederaciones Rurales y Sociedad Rural) no coinciden con la visión de la entidad que comanda Eduardo Buzzi, ya que plantean lisa y llanamente no ya una reducción, sino que se eliminen por completo las retenciones a la exportación de granos, sin importar la escala.

Las diferencias ya eran conocidas de antemano, pero durante la semana pasada -tras extensas reuniones entre los dirigentes- terminó de confirmarse que no habrá un proyecto conjunto y en cambio cada entidad enviará el suyo al Congreso. La división no implicaría un resquebrajamiento de la Mesa de Enlace, coinciden por ahora en las distintas entidades.

La FAA tuvo entre el lunes y ayer reunión de consejo directivo en Rosario. La entidad presentará su proyecto hoy al mediodía en el Congreso y a las 17 dará una conferencia de prensa para difundir la iniciativa.

Mientras tanto, CRA y la SRA prevén hacer su propia experiencia legislativa, reclamando la eliminación total de retenciones. Las diferencias con el proyecto de la FAA son fuertes. «Aunque se apliquen reducciones, no podemos consagrar por ley la existencia de retenciones, porque siempre estamos expuestos a cambios en la alícuota», puntualizó Pedro Apaolaza, titular de CARBAP, la integrante más fuerte de CRA. Respecto de la segmentación, fue tajante: «El que más capacidad tiene, que pague más Ganancias, pero no tiene por qué hacerse cargo de más retenciones».

En la FAA opinan exactamente lo contrario. «Retenciones cero es poner en igualdad de condiciones a los que no son iguales. Es equiparar a un pequeño productor con empresas que ganan miles de millones al año», señaló el dirigente Jorge Solmi.

Puntualmente, el proyecto de la FAA establece que las primeras 600 toneladas de soja comercializadas estén exentas de derechos de exportación. Luego, entre 601 y 1.500 toneladas se aplica 15% por sobre el excedente de 600 toneladas; entre 1.501 y 3.000 se agrega otro 5%; entre 3.001 y 5.000 10% más; y 15% luego de las 5.000 toneladas. Los porcentajes se agregan siempre sobre el excedente. «En el mayor de los casos, las retenciones no serían mayores a 25%», indicó Omar Barcheta, dirigente de la FAA.

Para el trigo, las retenciones cero sería hasta 900 toneladas, mientras que para el maíz el límite son 1.200. El girasol se equipara con los niveles de la soja.

Actualmente, las retenciones están fijadas en 35% para la soja, 32% para el girasol, 28% para el trigo y 25% para el maíz. Desde el Ejecutivo no planean modificar estos niveles en el corto plazo, al menos según lo reconocieron días atrás la flamante ministra de Producción Débora Giorgi, y el secretario de Agricultura Carlos Cheppi.

Iniciativa

Por su parte, la iniciativa de la FAA también postula una desgravación de 70% en Ganancias sobre la compra de fertilizantes; y la creación de un fondo para obras que deberían manejar las provincias; bonificación a fletes a partir de los 300 kilómetros; IVA de 10,5% para insumos, y equiparación de este impuesto entre compra y venta; y desgravación de insumos. Se contempla además la eliminación de las retenciones para los productos de economías regionales como arroz, tabaco, cítricos, yerba mate, algodón, olivos y azúcar. «Al igual que en Francia, la ley tendrá un vencimiento el 30 de junio y luego se pactarán nuevos parámetros para prever la campaña agrícola», agregó Solmi.

En paralelo, el Congreso también contiene otras iniciativas vinculadas con el agro. Por caso, los senadores santafesinos Carlos Reutemann y Roxana Latorre generaron un proyecto muy similar al de FAA, aunque plantea retenciones cero para trigo, maíz y girasol.

A su vez, CRA en particular tiene en la mira a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) que conduce Ricardo Echegaray. «Estamos estudiando la base jurídica de esta oficina, porque no nos parece que deba funcionar como una aduana o como la AFIP», aseguró Apaolaza.