DIVORCIO: Moyano, varado en puerto seco

Un acuerdo de caballeros se convierte en la nueva amenaza judicial para Hugo Moyano. El camionero deberá preocuparse ahora por un negocio que montó en 2009 a instancias del Gobierno, cuando su relación con el matrimonio Kirchner era óptima. La Justicia reactivó una causa por el montaje de una compañía en el Puerto de Buenos Aires, que colaboradores directos del gremio obtuvieron del Estado sin licitación.

Aunque son investigados tanto funcionarios como privados, lo llamativo es que es el Gobierno, en franco enfrentamiento con Moyano, el impulsor de una pesquisa que tardó tres años en tomar forma de expediente. De ello dan cuenta los llamados que todas las semanas reciben en la fiscalía de Gerardo Pollicita, a cargo de la instrucción. El fiscal procuró mantener su tarea en silencio, hasta que hace dos semanas trascendió que llevó a cabo una inspección ocular en un predio cedido al Instituto Verificador del Transporte (Ivetra).

La denuncia fue presentada en marzo por el jefe de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Guillermo Noailles, ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Apenas constató la temperatura política del expediente, el magistrado le cedió la instrucción a Pollicita.

De acuerdo con la presentación, se trata de establecer si dos directivos de la Administración General de Puertos (AGP) incumplieron sus deberes al entregar gratuitamente a esa firma un terreno público de dos hectáreas denominado El Relleno, entre las dársenas E y F, sin previa licitación, así como la potestad de cobrar un canon por cada contenedor ingresado al puerto. Y respecto de Moyano, para determinar si el gremio defraudó a los transportistas al cobrarles un peaje sin una contraprestación clara.

Ivetra era hasta hace poco manejada por hombres de confianza de Moyano: Gustavo Elías, Sergio Espeleta, Gustavo Damiani y Daniel Llermanos. Elías y Damiani son empresarios de Bahía Blanca y manejan la versión local de la Unión Industrial. El primero tiene además un puesto en el Belgrano Cargas (en representación de la porción accionaria del gremio) y maneja Chenyi, proveedora del sindicato. El exjuez Llermanos es abogado penalista de camioneros.

Como publicó en 2009 el desaparecido diario Crítica de la Argentina, la empresa nació pergeñada y empujada por colaboradores de Moyano. En abril de ese año se instaló en el Puerto con papeles de la AGP que la autorizaban a cobrar un canon de u$s 14 más IVA por cada camión que ingresara al predio a dejar o retirar mercadería. Con esa recaudación, se proponía construir un playón para ordenar el tráfico interno e instalaciones para comodidad de los camioneros. Tras las iniciales quejas de exportadores e importadores, el negocio terminó por asentarse y comenzó a recaudar. Pero el emprendimiento no sobrevivió a los cambios políticos. Declarada la fractura entre Moyano y el Gobierno, en marzo último arrancó el operativo de desmontaje, con la denuncia de Noailles.

A continuación, el Gobierno desplazó de la AGP a Oscar Vecslir, un funcionario ligado al camionero. Y luego renunció el directorio de Ivetra. Desde octubre ocupan sus lugares Carlos González, como presidente de la compañía; Jorge Amor, como vice, y Roberto Promeslavsky. Un mes atrás, la nueva intervención de la AGP rescindió el contrato de Ivetra.

Desde que recibió el expediente, Pollicita buscó evitar intromisiones. En la inspección constató el avance de algunas obras y recogió documentación. El fiscal intentó mantenerse al margen de la pelea entre el Gobierno y Moyano. De continuar la pulseada entre el gremialista y el Ejecutivo, los intentos de equilibrio se harán cada vez más complicados.

@marianoemartin