Dos posibilidades: revisar método o cambiar objetivos

Ante el reciente episodio de evasión de trece detenidos del Complejo Federal de Ezeiza, me vuelven las dudas que desde hace tiempo me acosan sobre el rol de algunos actores principales de los organismos de derechos humanos de nuestro país y también sobre sus métodos. A partir del nombramiento de Alejandro Marambio como nuevo director del Servicio Penitenciario Federal cayeron sobre él y sus designantes la andanada de críticas más inverosímiles que pudieran pensarse; partiendo de la absurda comparación con el jefe del Ejército, César Milani, de quien se duda sobre su participación en crímenes de lesa humanidad en épocas en que Marambio iba al jardín de infantes. Se acusa al nuevo funcionario de torturar, de maltratar, del incremento de muertes dentro de los penales durante su gestión y de desconocer derechos de los detenidos, entre otras cosas, cuando los números fríos, reales e indiscutidos marcan absolutamente todo lo contrario. Trabajé como abogado del SPF en Devoto antes de 2003 y fui testigo de aquel dislate increíble donde el desfile de muertos y agredidos diariamente era la rutina y el desborde, la normalidad. Cualquiera que haya vuelto a esa cárcel en los años de la anterior gestión de Marambio sabe del cambio del negro al blanco sin escalas que hubo allí. Los homicidios, las grescas y los abusos entre presos disminuyeron al mismo ritmo que el hacinamiento y el maltrato del personal que en este período vio disminuir (contrariamente a lo que se plantea en las denuncias mediáticas actuales) las imputaciones por apremios y/o torturas.

¿Cuál es la explicación entonces a semejante discordancia del relato? Sólo dos, que nada tienen que ver con la ideología. La primera es personal y se relaciona con la pésima relación que existe entre Marambio y el procurador penitenciario Francisco Mugnolo, quien aparece en estos días aún oculto en las sombras de otros organismos, y la segunda y posiblemente más contundente, es la puja que llevan desde hace años varios sectores tratando de acceder al manejo de los organismos nacionales contra la tortura que el Estado argentino se comprometió a crear y financiar a partir de la firma del Protocolo Internacional y que aún es materia pendiente.

Digo que algunos de estos organismos que fueron creados con propósitos loables y que desde un principio estuvieron integrados por luchadores inclaudicables por el restablecimiento de los derechos humanos de nuestro país, deberían revisar sus métodos o cambiar sus objetivos. Si el fin inobjetable de los mismos es mejorar la vida de los privados de su libertad, están lejos de alcanzarlo cuando rechazan a funcionarios que dieron pasos concretos para conseguirlo y avalan con su silencio a otros que marcharon en sentido contrario, por la efímera y banal causa de que ese funcionario alguna vez osara criticar sus intervenciones.

En este punto, me permito hacer una mínima autorreferencia que procuré evitar hasta ahora pero que es ilustrativa por tratarse del Servicio Penitenciario de Buenos Aires, cuyo devenir ha sido menos regular aún que el del organismo federal. Los números indiscutidos antes y ahora, indican que durante la gestión que encabecé desde 2005 hasta 2010, los 70 homicidios anuales dentro de las cárceles bonaerenses se redujeron a 20, que de 50 estudiantes universitarios se llegó a los 600, que de 200 trabajadores se pasó a 3.000, que todas las actividades educativas, culturales y deportivas se aumentaron exponencialmente, todo ello sin afectar la seguridad que nunca es opuesta al buen trato y la inclusión social. Como resultado de las políticas distintas aplicadas inmediatamente después, todos estos números se revirtieron en meses, volviendo nuevamente a una caótica situación en perjuicio exclusivo de los detenidos.

Sin embargo, sólo basta comparar las intervenciones de prensa de antes y después del inicio de 2010 para ver que este proceso de degeneración fue avalado con el silencio por los mismos que hoy se rasgan las vestiduras contra la designación del nuevo director de las cárceles nacionales quien va a ser, como ya lo ha sido, un garante de los derechos humanos de los privados de su libertad.

(*) Exjefe del Servicio Penitenciario bonaerense entre 2005 y 2011.