Dudas e intrigas en Comodoro Py ante posible viaje de juez a Teherán

La comunidad judía rechazó el acuerdo firmado con Irán para avanzar en la investigación del atentado a la AMIA del 18 de julio de 1994.

La posibilidad de que un juez y un fiscal del fuero federal viajen a Teherán con el objetivo de tomar declaración indagatoria a ciudadanos iraníes supuestamente vinculados con el atentado a la AMIA despertó ayer todo tipo de especulaciones y pronósticos en los tribunales de Comodoro Py. Comentarios discretos y que no auguran buenos resultados procesales a las negociaciones que el Gobierno ha establecido con los funcionarios de dicho país. Dudas técnicas, logísticas y otras de índole más «política» fueron algunos de los debates que animaron la mañana de unos tribunales desiertos por la feria veraniega.

Las negociaciones encabezadas por Héctor Timerman en Zúrich, y rubricadas en Etiopía, dejaron la puerta abierta para que el juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nissman partan rumbo a Irán con el fin de indagar a ocho exfuncionarios -algunos de ellos todavía con cargos públicos- que tendrían conexión con el acto terrorista. El juez había solicitado, sin éxito por falta de colaboración, su detención en 2006. Cinco de ellos tienen pedido de captura de Interpol, órgano donde también señalan a un ciudadano libio.

A partir de este dato surge el primer interrogante en los despachos de los tribunales de Retiro. Jueces y fiscales no comparten la idea de que un magistrado deba viajar para indagar a sospechosos sobre quienes él mismo dictó una orden de detención. Lo consideran un acto de «resignar jurisdicción».

Análisis

A partir de esta tesis, las dudas sobre si Canicoba Corral aceptará los resultados de las negociaciones en Suiza. Hubo quienes ayer fueron más allá y agregaron: «¿Qué dirá la Corte Suprema sobre esta cuestión?». Otros, más pragmáticos, recordaban que todavía la cuestión debe atravesar el plano legislativo.

También existen análisis más técnicos. Son pocas las experiencias en el fuero sobre tomar declaraciones indagatorias en otros países, ya que lo habitual es el tipo testimonial. No es un detalle menor, especialmente si el juez considerara, luego de la indagatoria, que los sospechosos deben ser detenidos. En este sentido, la intriga pasó por cómo reaccionarían las fuerzas de seguridad iraníes, especialmente si se tiene en cuenta que entre los sospechosos hay quienes todavía mantienen cargos públicos.

La ubicación del acto judicial conspira contra los objetivos del juez. Un camino habría sido realizar la indagatoria en una representación diplomática argentina, donde rigen los códigos procesales del país.

Si el interrogatorio se realiza, como todo indica, ante un juez iraní, la historia será distinta y regirán los procedimientos locales.

Un escenario que ya ha tenido lugar en la investigación cuando fiscales argentinos viajaron a distintos países con el objetivo de interrogar a sospechosos.