Echegaray dijo que no encubrió a Báez al cerrar la seccional de Bahía

Ricardo Echegaray

 El extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, sostuvo que el cierre de la delegación Bahía Blanca de la agencia recaudadora durante su gestión se debió a un conflicto gremial anterior a que esa seccional investigara un caso de presunta emisión de facturas aprócrifas, en el que estaría involucrada la firma Austral Construcciones, del detenido empresario Lázaro Báez, acusado de lavar dinero. El actual titular de la Auditoría General de la Nación fue indagado ayer por haber presuntamente encubierto la maniobra. Negó haber brindado protección a sus compañías.

El abogado de Echegaray, el excamarista León Arslanian, sostuvo que su defendido afirmó ante el juez federal Sebastián Casanello que "la decisión (del cierre de la seccional de la AFIP en Bahía Blanca) fue tomada en razón de un conflicto gremial que se venía arrastrando desde el año 2010". "Lo que desató la crisis fue la unificación horaria de la AFIP en todo el país", sostuvo el letrado, quien explicó que por la resistencia de los trabajadores de esa regional se decidió el cierre, sin que dejaran de cumplirse "ninguna de las funciones que venían cumpliéndose en materia de inspección y control", dado que pasaron a otra seccional.

En otro tramo de su declaración, Echegaray deslindó responsabilidad en las áreas que están por debajo de su organigrama en la AFIP. El titular de la AGN permaneció durante cinco horas frente al juez y entregó un escrito, además de un pendirve con un video de una teleconferencia en la que Echegaray habría arengado a los jefes de distintas departamentales de la AFIP a avanzar en las investigaciones de supuestas irregularidades, incluso en la que tenían que ver con presuntos proveedores de facturas truchas a la firma Austral Construcciones. Entre las empresas investigadas se encontraban Grupo Penta y Calvento. Por otra parte, Echegaray sostuvo que desconocía que el exjefe de la DGI, Ángel Rubén Toninelli, había viajado en una avión de Báez junto con su hijo.

Fuentes judiciales cercanas a la causa señalan que Echegaray apunta a la falta de "congruencia cuantitativa" entre el delito precedente que imputa el juez y el blanqueo. "Si el blanqueo de Báez es de $ 300 millones, cómo puede ser que se justifique en supuestas facturas truchas por $ 13 millones. Esto apunta a que el delito precedente no es creíble por los valores que después se blanquearon", aseguraron.