Economía-gate: Justicia cita a funcionarios del ministerio esta semana

La Justicia citó para esta semana a dos directivos que dependen de la Secretaría de Legales del Ministerio de Economía por la causa del presunto pago ilícito de $ 54 millones por parte del Estado al grupo de aseguradoras Accolade Pool. El director de Asuntos Judiciales de los Entes Liquidados, Enrique Alberto Zunini, y el director de Asuntos Administrativos, Laborales, Contractuales y Financieros, Álvaro Palencia Reffino, deberán presentarse como testigos ante la jueza María Servini de Cubría, a cargo de la investigación, este miércoles y jueves, respectivamente.
El juzgado además requirió al ministerio el registro de todos los mails entre 2003 y 2007 de cuatro de los imputados en la denuncia del fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido: el ex director de Administración y ex subsecretario de Administración Patrimonial Juan Cayetano Intelisano, la ex directora de Asuntos Jurídicos Yolanda Eggink, el entonces coordinador general del INDER Duilio Edgardo López y la abogada de la coordinación de negocios en el exterior del INDER, Silvia Beatriz Macchi.
El caso comienza a avanzar así en su dimensión penal, luego de que apareciera el expediente que dio lugar al supuesto pago. El documento había sido requerido por las autoridades judiciales dos semanas atrás a la Procuración del Tesoro, al no encontrarlo en Economía. Además de esta medida, la magistrada también había prohibido la salida del país de todos los acusados en la investigación de Garrido (los funcionarios ya mencionados, así como el ex subsecretario de Legales, Osvaldo Siseles).
Por el momento, la faceta del caso que más ha avanzado en Comodoro Py es la que está a cargo de Servini de Cubría y del fiscal Gerardo Di Massi, que se centra en el presunto accionar fraudulento de funcionarios estatales. Mientras tanto, la denuncia presentada por el titular de la Unidad de Investigación Financiera, Raúl Pleé, que hace foco en «la ruta del dinero» una vez aprobado el pago, estaría bastante atascada. Poco se ha movido esta causa, desde que el juez que lleva la investigación, Serio Torres, ordenó a finales de enero congelar todas las cuentas por las que habría circulado el pago. Esta parte del caso implica a los gestores, apoderados y empresas que habrían participado de la operación, por la que se los acusa de presunto lavado de dinero. Entre los acusados se encuentran el señalado como supuesto principal beneficiario de desembolso, Johann Holjevac, así como Darío Morresi, Walter Oscar Bonavera y Jorge Rodríguez (todos también mencionados en el informe de Garrido).
En el ministerio, paralelamente, continúa abierto el sumario interno que se inició cuando la actual subsecretaria de Legales, Alejandra Tadei, denunció en 2006 presuntas irregularidades en el expediente, durante la gestión de Miguel Peirano. Una investigación que ya se estaría extendiendo a otros casos con modalidades y protagonistas similares, como el supuesto desembolso a Astilleros Mestrina en 2001 por el buque Navenor, y que podría develar una estructura que habría costado sumas millonarias al Estado, en supuestas soluciones irregulares para reclamos legales históricos.